El juez rechaza condenar a Torres al pago de las costas generadas por pedir declarar y luego desistir

Mediante un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor del caso Palma Arena alega que la solicitud que efectuó Torres de declarar en sede judicial "se hace en el legítimo ejercicio del derecho consagrado en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", si bien confía en que no vuelva a repetirse esta situación puesto que aunque "lo autoriza la Ley, lo veta su espíritu y la buena fe en las actuaciones procesales".

"Aunque parece obvio que lo que estaba en la mente del legislador era propiciar que el imputado tuviere la oportunidad de prestar declaración cuantas veces lo desease y no el de solicitarlo para, una vez convocado, arrepentirse, no es menos cierto que de producirse la declaración ésta habría de tener lugar sin merma de ninguna de las garantías legalmente previstas", entre ellas la de negarse a declarar.

En concreto, el solicitante tasaba las costas a pagar en 109,44 euros y, tras remitir un escrito al juez para así pedirlo, el magistrado dio traslado de esta solicitud a la defensa de Torres para que se pronunciase al respecto, tras lo cual ha resuelto el magistrado.

Recientemente, el juez rechazó otra de las peticiones efectuadas por Sorribas, que había reclamado información acerca de "hipotéticas" piezas secretas, sobre lo cual el juez aseveraba que no procede acceder a la solicitud puesto que dicha información, "tanto en sentido positivo como negativo, ya sería incompatible con el propio contenido de la información".

En referencia a la citación de Torres, el magistrado acordó suspender su comparecencia después de que la defensa del imputado presentase un escrito en el así lo solicitaba debido a la presión mediática que rodea al caso, a pesar de que inicialmente había pedido declarar de forma voluntaria.

MANTIENEN PETICIÓN DE FIANZA

En este contexto, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso que investiga las actividades presuntamente delictivas llevadas a cabo a través del Instituto Nóos, mantienen en pie su pretensión de solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria tanto para el yerno del Rey Don Juan Carlos como para su exsocio.

Las acusaciones se mantienen a la espera de que la Agencia Tributaria aporte un informe relativo a los ingresos percibidos por el yerno del Rey Don Juan Carlos al frente de Nóos. De este modo, la Fiscalía y Manos Limpias continúan estando atentos a que sea entregado el informe solicitado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, lo que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad aparentemente sin ánimo de lucro.

Aunque el Ministerio Público confía en poder analizar en próximas semanas la documentación de Hacienda para a partir de ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la fianza que los fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros.