El estatuto del alto cargo llega a su recta final en el Congreso con el PSOE "muy lejos" del acuerdo

El estatuto del alto cargo, uno de los proyectos de ley contra la corrupción que presentó el presidente Mariano Rajoy ante el Pleno del Congreso, ha llegado a la recta final de su tramitación parlamentaria en la Cámara con el PSOE "muy lejos" del acuerdo y con Izquierda Plural descartándose y recomendando "dejar solo al PP con su corrupción". Sólo CiU dice haber llegado a un acuerdo puntual con los 'populares' para asegurarse de que la última palabra sobre los cargos públicos catalanes la tendrá la Generalitat y no el Gobierno.

La ponencia encargada de analizar este proyecto de ley y las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios celebró este jueves su última reunión antes de que el texto se debata y vote el próximo miércoles, día 14, en la Comisión Constitucional del Congreso con vistas a su remisión al Senado.

Tras esta reunión a puerta cerrada, que duró menos de lo esperado, el PSOE dijo salir "bastante decepcionado" con el PP al no recibir una respuesta positiva a su pretensión de añadir en las leyes anticorrupción compromisos para reducir los aforamientos, limitar los indultos o suspender a los cargos públicos, diputados, senadores y alcaldes que se vean incursos como imputados en un juicio oral por delitos de corrupción, lo que considera "líneas rojas".

"Vemos con muchísimo pesimismo la posibilidad de llegar a un acuerdo. Estamos muy lejos de un acuerdo", ha resumido el ponente socialista Antonio Pradas, secretario de Política Federal del PSOE.

EL MIÉRCOLES, VOTACIONES EN COMISIÓN

Las espadas siguen en alto y todo apunta a que el texto no sumará el voto del primer partido de la oposición. Más lejos aún se sitúa Izquierda Plural, cuyo diputado de IU Joan Josep Nuet ya dejó claro que su grupo no iba a respaldar una ley que tilda de "alicorta" y falta de "ambición y valentía".

Nuet aprovechó para avisar al PSOE de que pactar con el PP sería como "abrazarse a un barco que se está hundiendo" y como "dar el visto bueno a la trama Gürtel". "El PP es el partido con mayor índice de corrupción de este país, dejémosle solo con su corrupción y no le acompañemos para hacerle más llevadero el camino", ha añadido Nuet, quien ha enmarcado la norma en la "gran operación propagandística" del Gobierno y ha descalificado su "grandilocuente discurso sobre regeneración".

Según Pradas, hablar de un pacto bipartidista es una "especulación gratuita" y se ha mostrado "sorprendido" con las declaraciones de Nuet ya que, según asegura, Izquierda Plural no ha acudido a las reuniones previas de la ponencia.

IU-ICV-CHA insiste en que los altos cargos deben ser cesados en cuanto son imputados sin esperar a la apertura de juicio oral por corrupción y en que hay que endurecer las incompatibilidades elevando a entre 10 y 15 el periodo en el que los ex altos cargos no pueden ostentar responsabilidades en empresas privadas relacionadas con los asuntos que llevaban en la administración.

SIGUEN FALTANDO ASUNTOS

"Las puertas giratorias deben estar en esta ley si no lo están será un fiasco y un engaño", ha dicho Nuet, quien también quiere "reforzar las incompatibilidades retributivas", los conflictos de intereses, que haya sanciones por incumplimientos en esta materia, una oficina de conflicto de intereses que no dependa del Gobierno y que se obligue a diputados y senadores a tener dedicación exclusiva.

En ese contexto, quien ha anunciado un "principio de acuerdo" con el PP ha sido CiU, que asegura haber logrado garantías de que la aplicación del estatuto del alto cargo en el ámbito catalán será decidida por la Generalitat, respetándose así su autogobierno.

"Es una ley importante para el ámbito de la Administración General pero escrupulosamente se limita a regular el ámbito estatal, porque cada comunidad, en uso de su competencia, va a fijar su régimen concreto de exigencia", ha explicado el ponente de CiU, Jordi Jané.

Aunque este aspecto competencial de la ley se valora "positivamente", los nacionalistas de CiU no han decidido su voto en el resto de asuntos, a la espera de cómo queda el texto final. Uno de los asuntos que exigen es la regulación de los 'lobbies', que el PP hasta ahora limita al ámbito parlamentario.