El juicio por los ocho muertos al estrellarse un helicóptero en Lleida en 2002 comenzará el 17 de octubre

El juicio contra los cuatro responsables del helicóptero accidentado en el que murieron ocho personas en junio de 2002 en Torallola (Lleida) comenzará el 17 de octubre, según el auto del Juzgado Penal 1 al que ha tenido acceso Europa Press.

Viajaban la delegada de Industria en Lleida, Divina Esteve; el piloto, Vicente Roselló; el copiloto Jordi Escuté; el jefe de Energía, José Santiago; el funcionario, Francesc Franch; los empleados de Eléctricas Helcosa Víctor Corredor y Julio Hernández; y el jefe de líneas de Fecsa, Luis Peláez.

El juicio, que fue suspendido en febrero por el juzgado para citar al Ministerio de Fomento por su posible responsabilidad civil subsidiaria durará seis días --17, 18, 19, 25, 27 y 28 de octubre--, y se celebrará en la sala de vistas de la Audiencia de Lleida.

El fiscal pide cinco años y nueve meses de prisión para los cuatro acusados: Pedro María S.M.A., administrador de la empresa propietaria del helicóptero Helieuropa Services; los ingenieros aeronáuticos de la misma empresa, Andrés G.L. y José Carlos P.C., y el técnico de mantenimiento Carlos M.M.

El helicóptero se estrelló en Torallola, en el municipio de Conca de Dalt, y en el accidente murieron todos los ocupantes del helicóptero contratado para supervisar la red eléctrica.

La Fiscalía les acusa de reconstruir un helicóptero que perteneció al Ejército del Aire sin autorización ni habilitación para ello, de aplicar durante años un programa de mantenimiento inadecuado de la nave y de transportar pasajeros en ella pese a que Aviación Civil se lo prohibió expresamente en la última prórroga del certificado de aeronavegabilidad.

Para suspender el juicio en febrero el magistrado atendió la petición de las acusaciones particulares de los familiares de las víctimas --algunas piden una indemnización superior a un millón de euros-- a las que no se han opuesto las defensas para evitar que el proceso fuera declarara nulo.

La citación de Fomento fue una de las 22 cuestiones previas que plantearon los 16 abogados que intervinieron.