LOS indultos concedidos por el Gobierno cayeron en 2017 a 26, el mínimo en los últimos diez años

Así lo ha informado este miércoles la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, en la comisión del ramo del Congreso, donde ha acudido a dar los últimos datos de los indultos correspondientes al segundo semestre de 2017, cuando solamente se concedieron seis, mientras que fueron desestimadas 2.421 solicitudes.

De los seis indultos concedidos en los seis últimos meses del año pasado, tres fueron a parar a condenados por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y otros tres por delitos contra el patrimonio. Por tanto, Roldán ha remarcado que ninguno tiene que ver con delitos relacionados con corrupción política o con asuntos tan sensibles como la violencia de género.

Todos los expedientes que acabaron en la concesión de la medida de gracia tuvieron el aval de las víctimas de los delitos a excepción de dos casos referidos a tráfico de drogas en los cuales no había víctimas como tales.

INFORME DESFAVORABLE DE FISCALÍA

Según la subsecretaria de Justicia, en los seis casos también hubo "absoluta coincidencia con el criterio del órgano jurisdiccional sentenciador" y sólo en uno se presentó informe desfavorable al indulto por parte de la Fiscalía.

A preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios sobre los motivos del importante descenso en el número de indultos, Roldán ha empezado subrayando que "en tanto en cuanto supone una injerencia del poder ejecutivo en el judicial, debe estar limitado", por lo que se intenta "interferir al mínimo".

También ha explicado que la tendencia decreciente se debe a que ha bajado el número de solicitudes: mientras que en 2014 se registró el máximo histórico de más de 7.000, en 2017 se registraron casi la mitad. Asimismo, ha apuntado el principio de individualización de las resoluciones, de manera que no se resuelven de forma automática ni se fijan porcentajes, sino que "se consideran las solicitudes, se analizan las circunstancias y en unos casos se conceden más indultos y en otros menos".

Eso sí, la subsecretaria de Justicia sí ha confirmado que el Ejecutivo, a la hora de otorgar la medida de gracia, sí tiene en cuenta situaciones de dependencia, la situación familiar concreta del condenado o problemas de drogadicción.

"MECANISMO DE VENGANZA"

En cuanto a la tramitación de la reforma de la ley del indulto, el diputado de Unidos Podemos Jaume Moya ha preguntado a Roldán por la enmienda que ha introducido el Grupo Popular para impedir la concesión de esta medida de gracia a condenados por rebelión y sedición. En opinión de Moya, la aprobación de esta propuesta sería "poner en manos del Gobierno un mecanismo de venganza".

La subsecretaria no ha querido pronunciarse sobre este asunto en concreto, ya que ha alegado que la reforma de la ley se encuentra actualmente en tramitación y no quiere "interferir" en las labores de la Comisión de Justicia.