Dos sindicatos nacionalistas denuncian ante el Supremo a Aznar, Zapatero, Rajoy y sus gobiernos por la crisis

Los secretarios generales del sindicato vasco ELA y del gallego CIG han presentado este viernes ante el Tribunal Supremo una denuncia por presunta prevaricación por omisión y delitos societarios contra los exgobernadores del Banco de España Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordóñez; los presidentes que han ocupado el Gobierno desde 1996 y los últimos ministros de Economía por sus responsabilidades en la crisis económica.

La denuncia se dirige así contra José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y el actual jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, así como a los exministros de Economía Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado y el actual titular Luis de Guindos. La acción penal se extiende a los administradores y gestores de las cajas de ahorro y entidades financieras Bankia, Unnim, BBK y NCG Banco.

A las puertas del alto tribunal, el secretario general Adolfo Muñoz ha sustentado su denuncia contra los cargos políticos y responsables económicos que han "consentido el mayor saqueo cometido en la historia" de España.

"Hay mucha gente en la cárcel mucho más honesta que lo que han dirigido toda esta serie de operaciones", ha enfatizado, junto al secretario general de CIG, Xesús Xeixo, ante los medios de comunicación.

En este sentido, el representante sindical gallego ha lamentado que la Fiscalía "mira para otro lado" y el Código Penal no se aplica de la misma manera cuando se investigan delitos de naturaleza económica.

Así, Xeixo ha reclamado que los responsables de esta "grave" crisis económica "vayan a parar a la cárcel" por la trascendencia de su conducta y los perjuicios que ésta ha generado.

CONTESTACIÓN EN LAS CALLES

Por su parte, el representante del sindicato vasco Adolfo Muñoz ha hecho una llamada a la "movilización" social para exigir la depuración de responsabilidades. "La única manera de frenar este saqueo es la calle, un espacio que tiene que ser ocupado democráticamente para intentar frenar esta situación", ha añadido.

En consecuencia, ELA ha reclamado a los magistrados del Tribunal Supremo que investiguen los hechos denunciados y pongan de manifiesto la independencia del Poder Judicial.

"El inicio de este tinglado empezó con la construcción de una burbuja inmobiliaria, que se negó y que tuvo colaboración plena política en su gestación", ha remarcado Muñoz, para poner en evidencia el "consentimiento político" en el "falseo" de los balances de las cuentas presentadas por cajas y bancos.

En este sentido, ha recordado que se "vendió" a Europa la idea de que la banca estaba saneada y ahora se pone de manifiesto que "nada de eso" era "verdad". Por ello, ha dicho, la "responsabilidad política derivada de la política y del engaño" debe ser depurada.

El representante sindical ha denunciado la "especulación" de la deuda pública por parte del sistema financiero, al tiempo que ha remarcado que la clase política ha mentido cuando basaba su política de recortes en el "problema del gasto social" y los trabajadores.

La denuncia se hace eco de un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que refleja la falta de regulación sobre los términos y condición de préstamos para la financiación de los partidos políticos.

"Hay una corrupción cuando las entidades financieras dan créditos a los partidos y cuando llegan al vencimiento, se condonan", ha explicado Muñoz.

Finalmente, ha criticado la dependencia financiera y la "condescendencia" de la clase política con las entidades. "En España el poder financiero manda igual que con Franco y mientras eso siga así la democracia está en cuestión", ha concluido.