La oposición critica la reforma de la LeCrim por "fallida" y "falta de coraje" al no dar la instrucción a los fiscales

La práctica totalidad de los grupos de oposición en el Congreso de los Diputados ha criticado este jueves la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) por "fallida" y "falta de coraje" al no atribuir a la fiscalía la instrucción de los asuntos penales.

La norma, que entrará en vigor dos meses después de su publicación en el BOE, será aprobada gracias a la mayoría del PP y, entre otros aspectos, incluye plazos a la instrucción penal, sustituye la denominación de 'imputado' por la de 'investigado' y crea medidas para evitar la conocida como 'pena de telediario' por la difusión en los medios de imágenes de los detenidos durante su arresto y traslado posterior.

El visto bueno de las nuevas normas por parte de la cámara baja ha contado con la presencia en el hemiciclo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha intervenido al término del debate para señalar que este proyecto se realizó "con las aportaciones de muchos", entre ellos los magistrados del Tribunal Supremo, y que "permitirá agilizar la justicia penal" y fortalecer las garantías procesales, mediante el establecimiento de la segunda instancia penal.

INDEPENDENCIA JUDICIAL, SEGÚN EL MINISTRO

Asimismo, Catalá se ha referido a que la ley reforzará la independencia judicial y en este punto ha señalado que unicamente hay que leer comunicados como el dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la imputación del presidente de la Generalitat Artur Mas -por la convocatoria del 9N- que ponen de manifiesto que ésta independencia se respeta. "La reforma busca fortalecer el Estado de Derecho", ha manifestado.

El contenido de la reforma ha merecido un especial reproche por parte del diputado socialista Manuel de la Rocha, quien la ha definido como la "expresión de un gran fracaso", al no ser una reforma global "por desprecio al proyecto de ley que preparó" el equipo del ministro del PSOE Francisco Caamaño.

Sobre la reducción del plazo máximo de la instrucción, el diputado socialista ha recordado el informe crítico del Consejo Fiscal al ser casi inexistentes las instrucciones que duran menos de seis meses, y ha advertido que la norma perjudicará a las víctimas porque no prevé qué pasará cuando terminen los plazos

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría ha criticado que el PP se 'autoenmendara' en el Senado para introducir en esta norma la reforma de la casación ante el Tribunal Supremo. Ha señalado también que al ministro "le ha faltado coraje para hacer un código procesal penal entero" y ha especulado con que el proyecto ha sido redactado por la Sala II del Supremo.

Para Rosa Díez, de UPyD, "lo que mal empieza mal acaba", en alusión a lo que ha considerado una tramitación de esta norma, muy "irrespetuosa" con el parlamento; mientras que para Joan Coscubiela, de Izquierda plural, la reforma no responde a sus 'ínfulas' iniciales al no atreverse con la instrucción por los fiscales.

Por su parte, el diputado del PP Gonzalo José Ordóñez, sin embargo, la reforma "dinamita el mal endémico de los retrasos en las instrucciones penales" y permite resarcir a la sociedad de los efectos de la delincuencia, en especial en los casos de corrupción.

LA IMPUTACIÓN DE MÁS SOBREVUELA EL DEBATE

La imputación de Mas por la convocatoria del 9-N ha sobrevolado otros momentos del debate, como cuando el diputado Coscubiela se ha preguntado si cuándo el presidente de la Generalitat acuda a declarar el próximo 15 de octubre lo hará como "imputado" o como "investigado", olvidando que la reforma no entrará en vigor hasta al menos el mes de diciembre.

Por su parte, la diputada del grupo de Convergencia y de Unió Maria Carme Sayó ha cuestionado que la reforma vaya a resolver problemas como el que "la calle o las redes sociales" tengan hoy la convicción de que la fecha de la imputación de Mas la firmó el ministro de Justicia.