Alonso asegura que está "muy avanzado" el acuerdo con las CCAA para la atención a inmigrantes en situación irregular

Durante el debate de una interpelación urgente con el PSOE sobre pobreza infantil, Alonso ha precisado que, "por supuesto, se va a requerir que lleven un tiempo empadronadas y naturalmente se les tratará igual en la Atención Primaria y el acceso a la atención especializada".

Asímismo, ha añadido que este programa de atención "tiene que ser provisional y temporal", ya que la intención es que estas personas regularicen su situación.

Según avanzó hace unos meses en declaraciones a Europa Press el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, los inmigrantes en situación irregular en España deberán cumplir con una serie de requisitos, como llevar un tiempo mínimo empadronados aún por definir, recibirán un documento --no una tarjeta sanitaria-- que sólo les dará derecho a ser atendidos en esa comunidad y tendrá validez por un año, aunque será renovable.

Tras la reforma sanitaria impulsada por la exministra Ana Mato en 2012, este colectivo perdió el derecho a la tarjeta sanitaria y sólo podían ser atendidos en urgencias, durante el embarazo, parto y postparto, a menores de edad y ante cualquier problema que repercuta en la salud pública.

Ahora el objetivo de este programa, que debe recibir el visto bueno de las comunidades, es que también tengan derecho a la asignación de profesionales en el ámbito de la Atención Primaria y poder recibir diagnósticos, prevención y tratamientos básicos, con la intención de que su puerta de entrada al sistema no sea ya las urgencias sino la Atención Primaria.

Además, la adquisición de dicho documento tiene una serie de requisitos, como ser mayores de edad, no tener condición de asegurado o beneficiario, que no estén exportando el derecho de asistencia de su país de origen ni existan terceros obligados al pago de la prestación de la asistencia sanitaria, que no tengan más de 100.000 euros de renta, y llevar un plazo mínimo empadronado.

Esta última condición deberá ser discutida con las autonomías, ya que en aquellas comunidades que ya permiten el acceso a Atención Primaria a los inmigrantes irregulares establecen diferentes plazos que varían entre seis meses a un año.