Andalucía dice que los inmigrantes seguirán teniendo derecho a sanidad pública no urgente sólo con el empadronamiento

La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que en Andalucía el sistema sanitario público lo tiene "todo previsto" para que aquellas personas que tengan la vecindad administrativa en la comunidad, "sean inmigrantes o no", sigan recibiendo la atención sanitaria no urgente que hasta la fecha se les venía dispensando.

A preguntas de los periodistas al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, Montero ha declarado que para la atención sanitaria programada de la población inmigrante en situación irregular --la atención urgente no requiere de ningún tipo de documentación-- "se le solicitará sólo el empadronamiento, que es lo que certifica que la persona tiene vecindad administrativa en Andalucía".

Montero ha justificado esta medida, "entre otras razones porque el colectivo inmigrante tienen un impacto económico en consumo de recursos sanitarios bajísimo, ya que es una población habitualmente sana y joven y, por tanto, consume menos recursos".

De igual modo, ha agregado que el bajo uso de los recursos sanitarios que hace esta población responde a que son personas "que tradicionalmente no suelen ir a los servicios sanitario, porque piensan que se les va a cobrar, como ocurre en sus países de origen, o por miedo a su situación de irregularidad en el país".

Además, ha advertido de que la no dispensación de una sanidad programada (la no urgente) podría provocar un "impacto en la salud pública que podría perjudicar al resto de los ciudadanos", en referencia a un hipotético aumento de enfermedades altamente transmisibles, como puedan serlo el sarampión, al quedar fuera de los programas vacunales.

"Es decir, que no es sólo un elemento de solidaridad sino de velar por la salud pública del conjunto de los ciudadanos", ha puntualizado Montero. Preguntada si este derecho sanitario puede tener un efecto llamada de inmigrantes que residen en otras zonas, ha dicho que, "en este momento, el elemento disuasorio más importante es la falta de oportunidad laboral que hay en España y en el entorno de la UE".

"Esto de la crisis tiene su cara y su cruz. Además, el sistema sanitario ya vienen desarrollando el sistema urgente para cualquier persona, resida o no en una comunidad, y lo contrario sería omisión del deber de socorro", ha agregado.

JÓVENES DE 26 AÑOS

Respecto al hecho de que el RDL 16/2012 también establece que los mayores de 26 años podrían tener derecho a la atención sanitaria ordinaria siempre que en el plazo de tres meses regularizaran su condición de beneficiario respecto a un titular, Montero ha dicho que el Gobierno andaluz "entiende que sería la Seguridad Social la que tendría que hacer un reconocimiento de oficio de la situación de estos ciudadanos y no dándoles un plazo de tres meses para que lo hagan ellos".

Por ello, ha pedido al Gobierno que si dicha norma va a ser así tal cual está redactada, "sería bueno que levase a cabo una campaña de información para que nadie se sorpresa". En el caso de Andalucía, ha concretado, "no ocurrirá esto porque respetaremos sus derechos, pero nos referimos a casos como, por ejemplo, cuando un andaluz vaya a otro lugar y le puedan poner dificultades a su atención".

De esta forma, ha advertido que "si el Gobierno central no modifica este decreto tal como está redactado. entendemos que desde Andalucía habrá que hacer una campaña de información advirtiendo a los andaluces de que si se encuentran en esa situación y se desplazan a otras CCAA tienen que regularizar su situación sanitaria para que no se encuentren con una desagradable situación fuera de nuestra comunidad", ha concluido.