Cataluña ya no tiene toros

La Monumental de Barcelona, el último coso taurino que permanecía en activo en Cataluña, acogió en septiembre la última de las corridas, una cita a la que acudieron cerca de 20.000 aficionados hacía dos años que no se producía un lleno, coincidiendo con la presencia de los matadores José Tomás, el catalán Serafín Marín y Juan Mora.

La decisión del Parlamento catalán, apoyada en una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la plataforma Prou! que recogió 127.500 firmas, queda pendiente del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC).

A pesar de que algunas comunidades autónomas donde gobierna el PP hayan declarado el toreo como bien de interés cultural (BIC), en el caso catalán una amplia mayoría de los diputados rechazó en julio de este año tras unas nuevas elecciones posponer la prohibición con motivo de la crisis económica para aplazar el pago de indemnizaciones.

De hecho, la ley fija los primeros seis meses de 2012 como el plazo previsto para determinar las indemnizaciones económicas por el cese del toreo, unas cantidades que los taurinos elevan a más de 300 millones de euros y el Gobierno regional y animalistas rebajan a miles de euros.

En todo caso, la ley posibilita trasladar al presupuesto de 2013 el hipotético pago y subraya que el Gobierno catalán es el encargado de determinar el importe de la compensación económica a los titulares de derechos subjetivos afectados por la prohibición, "con audiencia a los interesados".

Prou! ve irreversible la prohibición

La plataforma Prou!, impulsora de la ILP, ha descartado que el nuevo Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy pueda interferir en la ley catalana.

En declaraciones para valorar la entrada en vigor de la abolición este 1 de enero, el portavoz Leonardo Anselmi ha asegurado que el colectivo está seguro de que el final de las corridas de toros en Cataluña es irreversible y un cambio legislativo a nivel estatal "sería prácticamente dictatorial".

Anselmi ha valorado que durante el tiempo transcurrido desde la aprobación de la medida en julio de 2010 "la decisión se ha afianzado" y ha quedado claro con el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que la medida catalana es "absolutamente constitucional".