Consejeros del CSN exhiben sus diferencias sobre la renovación de la central en sus votos particulares

En esa cita, pleno del Consejo apreció favorablemente varias actuaciones en el marco del proceso de evaluación de la renovación de la licencia de la central de Santa María de Garoña, solicitada por el titular, hasta 2031. El pleno está compuesto por cinco miembros, el presidente, Fernando Martí (a propuesta del PP) y los consejeros Javier Dies Llovera y Fernando Castelló (a propuesta del PP) y las consejeras Cristina Narbona y Rosario Velasco (a propuesta del PSOE).

Así, Cristina Narbona, que votó a favor de esta resolución, emitió un voto particular en el que solicita la paralización de la evaluación, mientras que Dies Llovera ha defendido en otro voto particular la independencia del pleno de "cualesquiera motivaciones políticas" en su toma de decisión. Mientras, el consejero Fernando Castelló ha explicado su voto y ha advertido de que paralizar este proceso podría llevar al pleno a incurrir en un "acto de prevaricación", al tiempo que critica la publicación de votos antes de la aprobación del acta del citado pleno.

En concreto, la consejera Cristina Narbona pide que el regulador atómico paralice cualquier decisión sobre la reapertura de la planta hasta que se analicen y difundan a la opinión pública las implicaciones de autorizar hasta los 60 años el funcionamiento de un reactor nuclear.

Narbona, la consejera que ha mostrado en varias ocasiones sus discrepancias en el CSN a consecuencia de este proceso de renovación, ha votado en contra de varias decisiones de este proceso y ha emitido con anterioridad votos particulares. La semana pasada, sin embargo, votó a favor de la decisión del pleno de ampliar las condiciones del edificio de almacenamiento de material usado al tratarse de una instalación que es necesaria para el desmantelamiento de la central.

"Dado que no hay ningún plazo, ni legal ni técnico, que obligue al CSN a emitir su informe preceptivo en un tiempo determinado, por estar parada la central desde hace más de tres años, el Consejo debería posponer los asuntos para la toma de decisión sobre Garoña", manifestó en su voto particular al que ha tenido acceso Europa Press.

DEBATE SOBRE LA VIDA ÚTIL

En definitiva, la demanda de Narbona plantea que antes de seguir con la solicitud de renovación de Garoña se debata en el pleno del CSN y a la opinión pública, las implicaciones de alargar la vida útil de un reactor hasta los 60 años de explotación comercial y una renovación más allá de diez años de duración, desligando esta autorización de las revisiones periódicas que han de pasar las plantas cada decenio.

Por su parte y respecto a las decisiones adoptadas en el pleno del CSN del 3 de febrero, el consejero Fernando Castelló también emitió este martes su posición particular en la que advierte que interrumpir en estos momentos el proceso evaluador en torno a la solicitud de renovación de autorización de la central podría suponer incurrir en el delito de "prevaricación".

El consejero justifica también a Europa Press que la filtración del voto particular por parte de Narbona sin que aún se haya aprobado el acta definitiva en una reunión posterior del pleno, hace necesario difundir la argumentación de su voto.

A su juicio, "aún en el caso de que en un acto de voluntarismo impropio de un regulador", el pleno del CSN se pudiera plantear que las circunstancias del entorno político, social o económico pudieran ser valoradas para interrumpir aplazar o demorar el proceso evaluador, se debería estudiar previamente si jurídicamente los consejeros no estuvieran incurriendo en "un acto de prevaricación o cuanto menos dicha actuación pudiera ser recriminada en sede judicial, por el titular, para reclamar posibles perjuicios económicos o sociales cuanto menos".

Según advierte el consejero, "en este momento" no dar respuesta por parte del CSN a un proceso administrativo, según establece la legislación en vigor, tanto la aplicable a los procesos administrativos como la regulación nuclear sería por parte de este organismo dar respuesta a "criterios no establecidos en la ley y entrar un debate político, actuando fuera del sentido de la independencia reguladora".

De este modo, subraya que el CSN "ni se ha impuesto plazos ni se los puede imponer", por lo que "nunca" una previsión de fechas "se puede confundir con un plazo impuesto o decidido" y considera que decir lo contrario es "querer engañar a la opinión pública y hacerle un flaco favor al prestigio y trabajo riguroso del regulador nuclear español".

"La dilación, el aplazamiento o la moratoria del proceso evaluador justificada por circunstancias políticas, sociales o económicas no tiene cabida en la consideración de los factores que por ley le competen al CSN, que son exclusivamente, la seguridad nuclear y la protección radiológica y nuestro debate debe estar siempre orientado sobre la justificación técnica de dicho objetivo y de ningún otro", apostilla.

Por su parte, el consejero Dies Llovera, el último en incorporarse al pleno, hace poco más de un trimestre, ha defendido su rigor y "más absoluta independencia" de "cualesquiera motivaciones políticas ajenas a las funciones de este organismo" en el marco del proceso de evaluación de la solicitud de renovación de licencia de Garoña.

El consejero votó la semana pasada a favor de cuatro puntos que figuraban en el orden del día --relativos a ese proceso-- y ha emitido una explicación de su voto en la que defiende que su toma de decisión se corresponde con el procedimiento que establece el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas en este caso y que la práctica regulatoria se está siguiendo de acuerdo con la normativa aplicable, con los procedimientos internos y, "en este caso también" con una guía de evaluación específica.

DEFENSA DE LA EXPERIENCIA NUCLEAR

Asimismo, en su toma de decisión favorable al orden del día, Díes Llovera expone que su voto se basa también en sus "conocimientos y experiencia adquiridos durante más de 30 años de ejercicio profesional como profesor de ingeniería nuclear".

En base a este bagaje, afirma compartir "plenamente" la fundamentación técnica de las propuestas y que son el resultado de la "estricta aplicación de la normativa" y del seguimiento del procedimiento, además de "en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como consejero".

El consejero explica también en su voto particular, los distintos puntos del orden del día relativos a Garoña y que se aprobaron en el pasado pleno del 3 de febrero y defiende que todo ello se ha hecho en el marco de las competencias del CSN, a cuyo pleno "le corresponde el ejercicio de todas las funciones resolutorias, de asesoramiento, supervisión y protección radiológica previstas" en la Ley y, por tanto, "adoptará cuantos acuerdos resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de tales funciones.

Del mismo modo, defiende que la normativa permite garantizar la "transparencia y predictibilidad del proceso administrativo y que determina con antelación los hitos administrativos que deben irse cumplimiento y los tiempos en que deben cumplirse".

En todo caso, afirma que "ninguna" de las decisiones adoptadas, en cumplimiento de los procedimientos previstos para su aprobación, prejuzga la decisión final sobre la renovación de la autorización de la central, que continúa evaluándose, sino que son, de acuerdo con la normativa aplicable, requisitos regulatorios previos a dicha decisión.