FACUA observa diferencias de hasta el 339 por ciento en las tarifas de agua de 28 ciudades

Así, la organización exige medidas que eviten la privación de este recurso a las familias que no puedan hacer frente al pago e insta a que se apliquen tarifas progresivas que facturen en función del número de habitantes de cada vivienda y penalicen los consumos excesivos.

En concreto, las tablas de precios de estas ciudades reflejan variaciones de hasta 439,80 euros al año en una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales teniendo en cuenta las cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades.

Teniendo en cuenta los contadores de 13 milímetros y un consumo de 10 metros cúbicos de agua mensuales, los murcianos son los que pagan el agua más cara de España, a 29,35 euros; seguido por Barcelona, 23 euros, y Cádiz 22,82 euros. En el lado opuesto, disfrutan del agua más barata los vallisoletanos, con un precio de 10,82 euros, independientemente del calibre del contador (13 o 15 milímetros); zaragozanos, a 11,31 euros, y salmantinos, a 12,49 euros.

Por su parte, con un consumo de 10 metros cúbicos y con un contador de 15 milímetros, los precios mensuales más caros son los que se abonan en Alicante (47,57 euros, donde menos del 1% tienen instalados contadores de 15mm), Murcia (29,35 euros) y Huelva (24,08 euros).

En cuanto a los incrementos de tarifa, según FACUA, las mayores subidas se han producido en Ciudad Real, con un incremento del 11,6 por ciento para un consumo mensual de 10 metros cúbicos independientemente de que el contador sea de 13 o de 15 milímetros; Barcelona, con una subida del 8,4 por ciento, y Bilbao, con el 7,5 por ciento.

A este respecto, la organización estima que estas subidas de tarifas además de obedecer a los incrementos aprobado por las empresas suministradoras de agua, también responden a los aumentos de los cánones o a la aparición de otros nuevos por parte de municipios, provincias o comunidades autónomas.

A su juicio "el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda", por lo que cree que se debe avanzar en la facturación por habitante y en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos excesivos. En la actualidad, sólo Málaga y Sevilla cuentan con tarifas vinculadas al número de personas que residen en la vivienda.

Sin embargo, hay algunas ciudades que a partir de cuatro miembros o más en el núcleo familiar aplica tarifas distintas, como La Coruña y Barcelona, que en 2014 ha comenzado a considerar familia numerosa a partir de cuatro miembros.

En otros diecisiete municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de aplicarles tarifas más reducidas.

La asociación señala que, en algunos casos, estos precios más bajos se aplican a todas las familias numerosas, mientras que en otros están vinculados a renta o a situaciones como aquéllas en las que todos sus miembros se encuentren en paro o pensionistas con bajos ingresos.

RECLAMACIONES

Ante esta situación, la organización reclama que se incluyan tarifas sociales que tengan en consideración a los colectivos desfavorecidos y que se articulen medidas para evitar la privación de un suministro "esencial y básico" a aquellas familias que les resulte imposible hacer frente a su pago. Así, recuerda que el agua ha sido declarado derecho humano por la ONU.

Por otro lado, cree que es "necesario" que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas. En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas, señala FACUA.

De este modo, insiste en su demanda de una norma marco que regule aspectos básicos de servicio, estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.

Igualmente, estima que la normativa debería también abarcar las indemnizaciones a percibir en caso de cortes de suministros por motivos que no sean de fuera mayor o acciones de terceros así como la periodicidad de lectura de los contadores y facturación.

FACUA considera que también deben quedar recogidos en un marco legal las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

A ello se le añade la necesidad de establecer una norma que clarificase el precio del agua y los conceptos repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de fomentar un modelo lo más claro posible, reclama FACUA.

Finalmente, la asociación reivindica la obligación de que las empresas prestadoras del servicio dispongan de teléfonos gratuitos y oficinas de atención a los usuarios adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.