HRW denuncia "repetidos" abusos de Marruecos a saharauis detenidos

"Las fuerzas de seguridad marroquíes también atacaron directamente a los civiles", concluye la organización en su último informe sobre la situación, en el que también pide a las autoridades de ese país que cese "inmediatamente el abuso contra los detenidos y realice un investigación independiente" a ese respecto.

El pasado 8 de noviembre las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron por la fuerza el campamento de Gdeim Izik, donde miles de saharauis habían instalado 6.500 tiendas de campaña para reclamar mejores condiciones económicas y sociales en la parte del Sahara occidental bajo control de Marruecos.

Las violentas confrontaciones ocurridas por esa acción ocasionaron la muerte de once miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes y de dos civiles, según datos oficiales del país magrebí, además de numerosos actos de destrucción de propiedades privadas.

HRW dijo que no ha podido comprobar por sí misma la cifra de muertos y heridos, aunque sí ha comunicado al ministerio del Interior marroquí que tiene pruebas de que agentes marroquíes "dispararon el 18 de noviembre en El Aiún hiriendo a civiles", y que también protagonizaron otros "ataques violentos contra saharauis. Al día siguiente, las autoridades marroquíes lo negaron".

"Las fuerzas de seguridad tienen derecho a usar la fuerza de manera proporcionada para prevenir la violencia y proteger las vidas, pero nada justifica golpear a las personas bajo custodia hasta dejarles inconscientes", afirmó hoy la directora de HRW para Africa y Oriente Medio, Sarah Leah Whitson, mediante un comunicado de prensa, en el que aparecen los testimonios de varias víctimas.

HRW acusa a esas fuerzas de seguridad de haber actuado junto a "civiles marroquíes en acciones de castigo contra civiles y hogares, además de impedir a los heridos saharauis acceder a tratamiento médico".

Asimismo señala que las autoridades del país magrebí detuvieron tras los incidentes a cientos de saharauis, de los que "todavía retienen a un centenar. Nueve han sido trasladados a Rabat" como parte de la investigación que "sigue un tribunal militar, según han comunicado a HRW sus abogados".

La organización humanitaria denuncia igualmente las restricciones para el acceso a la información que Marruecos ha impuesto sobre El Aiún, permitiendo la entrada con cuentagotas de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.

HRW informó de que Marruecos impidió dos veces que uno de sus investigadores tomase un avión hacia El Aiún el 11 de noviembre, aunque al día siguiente le permitió el vuelo y que permaneció en el territorio hasta el 16 de noviembre realizando entrevistas a civiles y policías, al igual que al gobernador de El Aiún, Mohamed Jelmous.

Whitson expresó su satisfacción porque "Marruecos ha cambiado el rumbo y nos ha permitido investigar en El Aiún, pero un Gobierno que repetidamente dice que no tiene nada que ocultar debería demostrarlo, permitiendo a toda la prensa y a las ONG entrar y recoger información sin obstáculos"

HRW señaló también que intentará vigilar la investigación oficial abierta por el fiscal marroquí del tribunal de apelaciones de El Aiún, así como el tratamiento dado a las víctimas de derechos humanos que lo denunciaron.

Según la organización, en esos ataques participaron policías de unidades antidisturbios y fuerzas auxiliares, "que asisten a otros cuerpos de las fuerzas de seguridad y que no forman parte del ministerio del Interior".

Asimismo dijo que HRW ha detectado abusos en las detenciones durante el proceso de custodia, "incluidas palizas que dejaron a algunos de los detenidos inconscientes, además de que les orinaron encima y les amenazaron de violación".

"El abogado de uno de los detenidos comunicó al juez que su cliente había sido violado, y muchos otros recibieron palizas y otros abusos", relata la organización, que señala también que Marruecos no ha permitido a los familiares de los detenidos ir a visitarles, según les dijeron esas personas en diversas entrevistas.

En su informe incluye, entre otros, el relato del saharaui Ahmed Jadahlou Salem, de 34 años, que dijo a HRW que en la mañana del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, fue detenido por gendarmes marroquíes que lo "golpearon y patearon hasta perder la consciencia".

"Cuando despertó, todavía en el campamento, recibió patadas en el pecho y lo arrojaron a un camión", en el que había "otras 30 ó 40 personas esposadas" y heridas, que fueron trasladadas a la gendarmería, en donde de nuevo fueron golpeados.

HRW dice que, según el testimonio de Salem, "en una habitación de la gendarmería había detenidos 72 varones", que durante los interrogatorios recibieron "patadas o bofetones" y fueron amenazados con ser violados.