IU-ICV-CHA presenta en el Congreso la segunda petición de reprobación a Wert

La primera petición de reprobación a la que se vio sometido el ministro fue el 30 de octubre de 2012, a instancia del PSOE y también a través de una proposición no de ley en la Cámara Baja que no salió adelante.

En aquella ocasión, fue el PP el único grupo parlamentario que rechazó la iniciativa, respaldando así su actuación al frente del Ministerio. UPyD se abstuvo en la votación mientras que CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC y BNG apoyaron censurarlo.

Esta vez la Izquierda Plural pide al Congreso el consenso para reprobar al ministro "por promover una reforma educativa profundamente ideológica, regresiva, segregadora, sexista y excluyente que pone de manifiesto su desprecio hacia los valores, los principios y los derechos que proclama y reconoce la Constitución, y especialmente hacia la aconfesionalidad del Estado, el modelo autonómico, su diversidad y su realidad plurilingüe".

Esta proposición no de ley reclama igualmente la reprobación a Wert por "perseguir reducir la calidad y la equidad en la educación pública, así como la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, desmantelando un sistema educativo público levantado con el esfuerzo de todos durante décadas reduciendo los recursos destinados al sistema educativo".

"EL MINISTRO PIRÓMANO"

Se trata de una iniciativa que ya anunció en el mes de mayo el portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella, con el objetivo de rechazar el liderazgo de Wert al frente de la Educación en España, "el pirómano del Gobierno y el peor ministro de toda la Historia".

En la argumentación de esta iniciativa, IU, ICV y CHA opinan que la aprobación en Consejo de Ministros el pasado viernes 17 de mayo del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) "quedará en los anales de la Historia", como el día en el que se aprobó "una contrarreforma educativa fabricada en las cavernas más retrogradas del país" y que retrotraerá a España al "Pleistoceno educativo".

A su juicio, la reforma educativa que dirige Wert está condenada al fracaso desde el principio por su "alto contenido ideológico, regresivo, excluyente y segregador" y que "incumple la sentencia del Tribunal Supremo al respecto y que sólo beneficiará a los sectores más conservadores".

Es más, consideran que esta "contrarreforma" se quiere imponer "sin un diagnóstico riguroso y compartido, sin debate previo y de espaldas a la comunidad educativa con la que ha confrontado".

QUIERE IMPONER LA ESPAÑOLIZACIÓN DE ALUMNOS

De hecho, defienden que la LOMCE quiere imponer, entre otros puntos, la supresión de las competencias del Consejo escolar en la gestión de centros, optando por una dirección unipersonal nombrada por la administración, o la "españolización de alumnos" obligando a financiar con dinero público la escolarización en centros privados no concertados en las comunidades con lengua propia, creando un problema donde no existía.

Frente a recursos insuficientes y brutales recortes que potencian un desmantelamiento progresivo y sin pausa de un sistema educativo público levantado con el esfuerzo de todos durante décadas, la Izquierda Plural critica que este proyecto viene a consagrar la subsidiaridad de la red pública frente a la concertada; a promover la gestión empresarial de los centros de enseñanza en la búsqueda de su mercantilización.

"Se trata de una contrarreforma antidemocrática que parece querer la vuelta a las esencias de un Nacionalcatolicismo que creíamos superado, a un modelo clasista donde se elimina la Educación para la ciudadanía y se financia la segregación sexista y adoctrinamiento católico en las escuelas públicas, y donde la igualdad de oportunidades no se dé para todos los ciudadanos", sentencia.

ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA

En cuanto a la enseñanza de la asignatura de Religión Católica, esta formación critica que, por encima de la aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución, la LOMCE vaya a establecer que ésta puntúe en el ámbito académico condicionando la superación del curso, no teniendo en cuenta que, con acuerdos, o sin ellos, los centros sostenidos con dinero público han de reflejar ese modelo de estado.

"Lo que es una opción personal no puede tener cabida en los centros educativos financiados con recursos públicos, y menos aún contabilizar como media en las calificaciones. Las creencias, todas muy legítimas, deben de impartirse fuera de los centros educativos", según ha concluido.