La medida propone derogar el artículo 13.4 de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Gobierno socialista en 2010, que permitía que chicas de 16 y 17 años pudieran acudir a una clínica a abortar sin el consentimiento de sus padres.
Según JSE, la decisión del actual Gobierno, "deja indefensas" a las jóvenes "más vulnerables" porque, según asegura el secretario general de la organización, Nino Torre, "se verán abocadas al aborto clandestino e inseguro".
