El PP, CiU, PNV y ERC rechazan en el Congreso una proposición de ley del PSOE para regular la atención al cliente

La encargada de defender la iniciativa en el Pleno del Congreso ha sido la portavoz de Consumo del PSOE, Pilar Grande, quien ha señalado que el objetivo de la propuesta era "combatir la sensación mayoritaria de indefensión que en demasiadas ocasiones siente el consumidor" cada vez que intenta reclamar o, "la más difícil todavía, intentar darse de baja en una compañía de telefonía móvil".

Grande se ha referido a las "múltiples tretas" que usan las empresas "para hacer de muy difícil acceso la reclamación", como los números de atención de tarificación adicional atendidos por operadores que "desconocen la materia e incluso el idioma del consumidor" y ha defendido que esta clase de teléfonos sean gratuitos y ser atendidos por operadores competentes.

Asimismo, ha indicado que, en la actual situación de "dificultades económicas", una normativa de estas características sería "adecuado y oportuna", ya que tendría "efectos importante para los consumidores", al generar un "ahorro importante no sólo en tiempo sino en llamadas".

Por su parte, la diputada del PP Andrea Fabra ha coincidido en la necesidad de regular los servicios de atención al consumidor, aunque ha señalado que su grupo no puede votar a favor de la proposición del PSOE por tratarse de una "iniciativa caducada y defectuosa". Se trata de una Proposición de Ley que en la pasada legislatura comenzó a tramitarse parlamentariamente, pero que con las elecciones del mes de noviembre decayó.

En este sentido, la diputada 'popular' ha apuntado que la proposición del PSOE es "un corta y pega" del proyecto presentado por el Gobierno "en la postrimería de la legislatura" y con más intención de "dejar constancia en la nota de prensa del Consejo de Ministros" que de que prosperara. Por ello, ha votado en contra de la iniciativa y ha anuncio la intención de trabajar en "un texto más completo y más ambicioso" que regule la materia.

Mientras, también desde CiU, PNV y ERC se ha votado en contra de la iniciativa, aunque, en este caso, principalmente debido a la intención de regular una asunto --la atención a los consumidores-- que es competencia de las comunidades autónomas.

Así, el diputado de ERC Joan Tardá se ha manifestado "preocupado" por "la deriva recentralizadora del partido socialista" y ha recordado que "el estatuto de Cataluña atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva del consumo". Asimismo, ha recordado que el Parlamento catalán aprobó un Código de Consumo catalán que entró en vigor en el año 2011.

También desde el PNV, Emilio Olabarría ha rechazado la toma en consideración de la proposición por no ser "razonable" y "vulnerar sin ningún tipo de duda las competencias autonómicas en esta materia"; y desde CiU, Lourdes Ciuró, se ha opuesto a la iniciativa, pese a su "buena voluntad", por el mismo motivo. "Ampararnos en un concepto de norma básica no nos puede servir para 'colar' una vulneración de las competencias", ha enfatizado.

La proposición sí que ha contado con el apoyo de UPyD, grupo desde el cual la diputada Irene Lozano ha defendido la "necesidad de regular este asunto" con el objetivo de "fijar unos mínimos" de protección a los consumidores y ha recordado que el artículo 51 de la Constitución obliga al Estado a proteger a los consumidores.

Desde IU, Gaspar Llamazares también ha defendido la proposición del PSOE, aunque "con reticencias", ya que, a su juicio, el texto no es lo suficientemente "ambicioso" para luchar contra el "malestar y la indignación" que sienten los consumidores actualmente en materia de consumo.