El PSOE exige que al menos un canal de las comunidades autónomas sea de titularidad pública

El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril el proyecto de Ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio, y si desean prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada.

En su enmienda, el grupo socialista mantiene la opción de que cada comunidad decida, dentro de los múltiples digitales, los canales que serán explotados por empresas privadas. No obstante, añade que "en ningún caso" todos los canales podrán ser explotados por gestores privados y, al menos, un canal debe quedar reservado a la futura posibilidad de prestación de dicho servicio público.

A su entender, atribuir todos los canales a empresas privadas para su explotación en régimen de licencia, dado la duración, renovación y extinción de las licencias, "equivale a impedir una futura decisión sobre creación" de una televisión pública autonómica.

En España existen 13 operadores públicos de titularidad autonómica que emiten en un total de 26 canales, siendo solamente cuatro comunidades (Navarra, Castilla y León, Cantabria y La Rioja) las que no cuentan con operador público en su ámbito territorial.

Por otra parte, en su paquete de enmiendas también incluye la obligación de que los prestadores de titularidad pública estén obligados a no tomar ninguna iniciativa que comporte crecimiento del gasto presupuestario si no se dispone al mismo tiempo de los recursos adicionales necesarios.

La modificación del proyecto de ley también establece un control financiero a los prestadores de estos canales públicos, por el que, en caso de no alcanzar el equilibrio financiero, deben aprobar una propuesta de reducción de gastos.

APORTACIÓN DE DINERO EXTRAORDINARIA

No obstante, el grupo socialista incluye en su enmienda también la posibilidad de que los prestadores presenten al órgano competente de la comunidad autónoma una solicitud de aportación extraordinario para cubrir el déficit o un incremento de ingresos para los dos ejercicios siguientes "como máximo igual a la pérdida o el déficit generado".

Según explica, esta propuesta servirá para "garantizar la ausencia de lagunas normativas" en cuanto a la estabilidad presupuestaria de las cadenas, así como para la producción y edición de distintos programas.

Asimismo, solicita que cada comunidad autónoma pueda decidir "en función de sus posibilidades y circunstancias económicas" que sea RTVE quien se encargue de prestar el servicio público de radio y televisión autonómicos, a través de convenios de colaboración.