Pekín lanza un ambicioso plan de "derechos humanos" en plena crisis

El régimen chino es objetivo habitual de las críticas de grupos internacionales defensores de los derechos humanos o de gobiernos como el de Estados Unidos por su uso desmesurado de la pena de muerte, la persecución de activistas y religiosos, la represión de minorías tibetanas o uigures, o de la censura de la información.

En el documento, presentado hoy a través de la agencia oficial de noticias Xinhua, la Oficina de Información del Consejo de Estado (equivalente a un ejecutivo), señaló que el objetivo de este plan es afrontar "las preocupaciones inmediatas del pueblo".

Preocupaciones que enumera como "la promoción de la justicia y la igualdad social, y garantizar que el pueblo disfruta de su derecho a la educación, el empleo, los servicios médicos y de pensiones y de una vivienda".

El Gobierno del Partido Comunista de China (PCCh, en el poder desde 1949) está especialmente preocupado por el impacto de la crisis global en China, donde se han perdido por lo menos 20 millones de puestos de trabajo en los últimos meses.

Además, el descontento entre la población ha ido aumentando debido a la arraigada corrupción entre los cuadros del PCCh, la desigualdad social, las expropiaciones de tierras ilegales, y la alta contaminación que padece el país.

En este contexto, el Partido está poniendo en marcha en los últimos meses políticas para contrarrestar la crispación local, como la recuperación del sistema sanitario gratuito, anunciado la semana pasada, o el plan de derechos humanos presentado hoy.

Aunque el Gobierno se adhiere a la Carta de los Derechos Humanos Universales y firmó en su momento la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que todavía no ha ratificado, insiste en que su país tiene una visión diferente de estos derechos.

El proyecto presentado hoy tiene por objetivo garantizar el derecho al trabajo, a la seguridad social y la sanidad, a la educación, a la cultura y a la protección del medio ambiente y de los intereses de los campesinos.

En este sentido, Pekín señala que intentará dar trabajo a un total de 36 millones de personas en los próximos dos años, formación profesional a 110 millones de personas, y reducir el número de víctimas en accidentes laborales.

Elevar los ingresos de los más desfavorecidos y garantizar el derecho a la vivienda mediante una serie de inversiones forma parte del apartado "Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales".

Estos derechos están recogidos en la Constitución china, pero no plenamente desarrollados e implementados, y la adopción de una economía de mercado en las últimas tres décadas, que ha convertido a China en la tercera potencia económica, ha supuesto la pérdida de la gratuidad en la mayoría de esos servicios que garantizaba la economía planificada.

En el segundo apartado, que busca proteger los derechos civiles y políticos, se incluyen los derechos de las personas, de los detenidos, el derecho a un juicio justo, la libertad religiosa, la de información o el derecho a participar.

"La pena de muerte será estrictamente controlada y aplicada con prudencia", señala el documento, que garantiza "el derecho a un juicio justo".

Y en un tercer apartado, durante los dos próximos años el ejecutivo chino se compromete a respetar los derechos de las minorías étnicas, de las mujeres, los niños y los ancianos y de los discapacitados.