El fraude a la Seguridad Social descubierto en Castellón llegó a superar los 600.000 euros en 2011

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha asegurado este viernes que el fraude a la Seguridad Social mediante cobros irregulares de subsidios descubierto por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Sarpe' desarrollada en Castellón, podría superar los 600.000 euros solo en 2011.

Los agentes han detenido a 53 personas como presuntas autoras de los delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, falsificación documental y pertenencia a organización criminal y calculan que puede haber 200 posibles defraudadores en Castellón, Cuenca, Tarragona, Lleida y Valencia.

Sánchez de León ha dado detalles de esta operación en una rueda de prensa en Castellón en la que ha estado acompañada por el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia, Juan José Miralles, y por el general jefe de zona, Fernando Santafé. Con esta operación se ha desarticulado una banda que operaba desde 2009 mediante la creación de empresas fantasma para contratar a trabajadores de origen extranjero en puestos de trabajo inexistentes y que pudieran así cobrar el subsidio de desempleo o crear expectativas de futuras prestaciones.

Según Miralles, se calcula que son más de 600.000 euros los defraudados correspondientes al año fiscal de 2011, una cantidad a la que habría que añadir los de 2010 y lo que va de este año. De las 53 personas detenidas --48 de nacionalidad rumana y cinco de origen marroquí--, solo cuatro permanecen en esta situación. "Se trata de los cuatro promotores, uno que ha organizado la empresa y los otros tres que le han ayudado a crear el resto de la estructura", ha señalado Miralles quien ha añadido que mantienen "una relación familiar"

Entre estas cuatro personas, se encuentra el presunto jefe de la trama, que ya tiene antecedentes penales "de todo tipo", ha afirmado Miralles, como por delitos contra la propiedad y lesiones. Además, estaba alquilado en muchos sitios no pagaba".

MODUS OPERANDI

El teniente ha especificado que se ha realizado un único registro en el domicilio del principal imputado, de origen rumano, de donde se ha obtenido "mucha información" porque "allí detallaba los contratos y qué cantidad pagaba cada persona", que variaba en función de los días, meses o años que les pudiesen faltar para poder cobrar posteriormente el paro y defraudar.

"La operación está ideada y llevado a cabo por una única persona" que creó una serie de empresas ficticias donde contrataba a otras más, ha explicado, y ha dicho que, en este caso, no había sitio "físico" donde se realizaban los contratos, de los que "muchas veces se hacían muchas veces desde el coche, en la calle, en un bar, en un parque".

"Hay personas que llegaban a Castellón estuvieron tres días, hicieron el contrato y se volvieron a Rumanía. Han estado teóricamente cotizando mientras no estaban aquí y han cobrado subsidio. Por lo tanto, las más de 200 personas eran conscientes y pagaron un dinero a un contrato ficticio donde nunca han trabajado porque no hay empresas", ha asegurado. Las cuatro empresas ficticias se dedicaban desde la limpieza, a la construcción, servicios, transporte de personas en furgonetas o el tercer sector.

ENTRE 2.500 Y 13.000 EUROS POR TRABAJADOR

A las personas implicadas se les cobraba para que la empresa ficticia les tramitara el cobro del subsidio que les pudiera corresponder por el tiempo de trabajo que supuestamente debería haber realizado. De esta manera, el trabajador llegaba a percibir desde 2.500 hasta 13.000 euros por año, aunque "no tenía tasas reales".

La operación, iniciada a raíz de una denuncia, se abrió hace dos meses y medio permanecerá abierta "mientras haya personas que se hayan beneficiado del Estado de un dinero fraudulento", ha dicho Miralles quien no ha descartado que se realicen más detenciones pero no como "organizadores de este fraude no, sino como gente que se ha beneficiado del dinero del Estado".

La delegada del Gobierno ha dado la enhorabuena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en especial a la Guardia Civil por esta operación, que ha sido posible por la colaboración de otras administraciones del Estado que han intervenido como Inspección de Trabajo así como con la de la AEAT, Tesorería General de la Seguridad Social, Área de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno, SERVEF, Servicio de Empleo Estatal y Policía Local de Castellón.