El Sindicato de Secretarios Judiciales pide retirar la reforma por su "violencia psíquica" contra las mujeres

La asociación ha denunciado el "grave constreñimiento a los derechos de la mujer y el retroceso social" que supone esta reforma legislativa, apoyada en argumentos "difícilmente admisibles en un estado laico" y advierte de que serán las mujeres con menores recursos económicos las principales afectadas al no poder financiarse otras alternativas para poder abortar y ejercer el derecho a decidir "libremente sobre cuándo y cómo tener un hijo".

Critica que el Ejecutivo haya presentado un texto cuando el sistema actual se aplica de forma "pacífica" y no ha ocasionado ninguna variación significativa en el número de abortos practicados desde la entrada en vigor de la ley de plazos.

Para el Sindicato de Secretarios Judiciales, la regulación es "especialmente perversa" en relación con la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las menores de edad mayores de 16 años.

Explica que la Ley reguladora de la autonomía del paciente establece que en ningún caso cabe otorgar el consentimiento por representación para el caso de los menores mayores de 16 años, pero el anteproyecto exige para los casos de aborto el asentimiento de ambos progenitores, introduciendo un procedimiento específico para el caso de que uno de ellos se oponga a la decisión de la mujer de interrumpir la gestación.

"Sin embargo, dicho procedimiento nace ya con severas limitaciones, por cuanto difícilmente tendrá, en la práctica, y en el mejor de los casos, una duración inferior a los 25 días naturales. Se prevé una incomprensible segunda instancia y se impone como representante de la mujer al Ministerio Fiscal cuando ninguno de los padres esté conforme con su consentimiento", añade.

"La intervención judicial sobre el consentimiento se producirá en uno de los supuestos autorizados, es decir, cuando el embarazo es consecuencia de un delito contra la libertad sexual o existe grave riesgo para la salud de la mujer", prosigue en un comunicado.

Así pues, recalca que en un Estado de Derecho debe regir el principio de intervención mínima del derecho penal. "Como Secretarios Judiciales consideramos que con el anteproyecto el Gobierno pretende penalizar y con ello llevar a los juzgados y tribunales a ciudadanas que, a día de hoy ejercen libremente una difícil decisión personal que cuenta con incuestionable consenso social, así como profesionales sanitarios, lo que nos resulta intolerable además de gratuito", concluye.