El 87% de las chicas de 16 y 17 años que acuden a las clínicas de IVE van acompañadas de sus padres o tutores

En el estudio, en el que participaron 22 clínicas, se mostraba que de las 913 chicas de 16 y 17 años que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo entre enero y septiembre del pasado año, 113 lo hicieron sin conocimiento de sus padres, lo que representa el 12,38 por ciento de todas ellas.

Las razones que alegaban estas jóvenes para no informar a sus tutores son el desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad paterna o materna invalidante, padres abiertamente contrarios al aborto provocado, y padres que por voluntad propia renuncian a conocer y acompañar a la menor.

"Con estos datos se demuestra que este grupo de jóvenes es minoritario y, además, es muy vulnerable por lo que si se quita esta excepción se les condenará a la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida y situando a estas mujeres en condiciones de marginalidad", explicaba en su presentación la presidenta de ACAI, Francisca García.

En este sentido, García aseguraba que estos datos "desmontaban" las razones del Gobierno para cambiar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y le pedía que apueste "decididamente" por potencial la parte de la ley relativa a la educación sexual y a las políticas en materia de salud sexual y reproductiva, y lleve a cabo estrategias de atención específicas sobre este colectivo de mujeres "en riesgo social y económico".

El Grupo Popular ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley para reformar la vigente Ley del Aborto "respondiendo a los compromisos electorales", una iniciativa cuyo texto se limita, ante la falta de consenso en la materia, a que a partir de ahora sea obligatorio que las menores informen a sus padres o tutores cuando deseen interrumpir de forma voluntaria su embarazo.

Previsiblemente se debatirá en el Pleno de la Cámara el próximo mes de marzo, con el objetivo de que entre en vigor a final de este periodo de sesiones, en torno al mes de junio.