Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 88,3 por ciento en ocho meses

Así lo ha denunciado en declaraciones a los periodistas en el Congreso el también coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, quien ha denunciado la "demolición" que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia y ha criticado el "brutal recorte" de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el "intento soterrado de privatización".

Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP "impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere".

De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. "Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar".

Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual "hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia". Heredia también ha afeado que "lo primero que hizo" el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. "Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad", ha añadido.

El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP "se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia" y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta andaluza, el restante 70 por ciento.

Se trata, a su juicio, de un "desequilibrio" que "pone en riesgo el futuro de la Ley" ya que la administración regional "no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar". Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado "castiga una vez más" a Andalucía, que ha sido "líder" en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha "perdido"204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.

"ESFUERZO TITÁNICO" DE LA JUNTA

El parlamentario ha expuesto que, frente a la actuación del Estado, la Junta hace "enormes esfuerzos" para el mantenimiento de la ley, que "continúa siendo su apuesta" y, en este sentido, ha recordado que en el marco del plan contra la exclusión social ha habilitado 20 millones de euros para desarrollar la ley. "Existe un camino alternativo", ha demostrado.

Heredia ha indicado que Andalucía hace ese "esfuerzo titánico" pero se ha preguntado "¿Qué pasa en Castilla-La Mancha, Madrid o la Comunidad Valenciana?".

Por último, ha reflexionado sobre el empleo que genera la ley y, tras defender que es el sector que más trabajo crea en relación a la inversión pública, 30 puestos por cada millón de euros invertido, además de un 43 por ciento de retorno económico en IVA, IRPF y Seguridad Social, ha advertido de que con los recortes, solo en Andalucía se perderán unos 4.000 empleos en Ley de Dependencia.