Cinco detenidos por engañar a inmigrantes para trabajar y quedarse con su dinero

Fue la denuncia de un hombre de nacionalidad rumana la que alertó a la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales sobre la existencia de una organización que traía a España a personas de Rumanía con la promesa de buenas ofertas de trabajo, han informado hoy fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Sin embargo, una vez en España, les retiraban el pasaporte y el resto de documentación que portasen y les exigían el pago de 1.500 euros por la deuda contraída por su traslado de país.

Los integrantes de la red, les ponían entonces a trabajar en explotaciones agrícolas y se quedaban con el dinero que pagaba el titular de las tierras, dando a los trabajadores una cantidad para sus gastos más necesarios.

En algunos casos, cuando los afectados se negaban a llevar a cabo las labores encomendadas, los supuestos autores empleaban la violencia física para doblegar su voluntad.

Las gestiones del Grupo policial especializado desembocaron en la identificación del cabecilla, aún pendiente de localización, y de los demás supuestos integrantes de la organización.

Localizaron además en Tordesillas (Valladolid), a unos treinta kilómetros de la capital vallisoletana, la nave en la que vivían las personas llegadas desde Rumanía y observaron que se encontraba en condiciones insalubres, de forma que el denunciante de lo sucedido llegó a las dependencias policiales con pulgas y síntomas de sarna, por lo que recibió asistencia del servicio médico de la Policía.

La identidad de tres de los detenidos como supuestos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a grupo organizado corresponde a Claudiu P., de 30 años, Mihaita A.C., de 29 y Amor S., todos ellos de origen rumano y residentes en Geria (Valladolid) que se ocupaban de trasladar a los trabajadores hasta los campos agrícolas.

Los otros dos arrestados como supuestos autores de los mismos delitos, también oriundos de Rumanía y residentes en Geria, son Gelu R., de 51 años, que al parecer controlaba la nave en la que se hospedaban las víctimas y les intimidaba para que siguieran las órdenes, y Aurel A.M., de 30 años, que se ocupaba de las cuentas y gestionaba el dinero recaudado.

La operación policial continúa abierta para arrestar al principal cabecilla de la organización, conocer en qué campos desarrollaban el trabajo las víctimas y averiguar quiénes son los titulares de esas fincas.