El Chicle se deja barba larga y pelo moreno en la cárcel: su nuevo look se verá en el juicio que arranca el lunes

Es José Enrique Abuín, El Chicle. La última vez que se vio su imagen pública en el juicio por el intento de rapto en Boiro llevaba la barba larga y el pelo moreno en vez del rubio platino que utilizó para el crimen de Diana Quer. El Chicle ya está en la cárcel de Teixiero donde se oculta con pelo largo y con su barba, aislado del resto de reclusos esperando la cuenta atrás para el juicio que empieza el lunes. Quiere pasar desapercibido aunque no lo tendrá nada fácil. El Chicle no tiene ni televisión por lo que no podrá verse convertido de nuevo en uno de los presuntos asesinos más mediáticos del país.

El asesinato de la joven Diana Quer, desaparecida en agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) y cuyo cadáver fue recuperado de un pozo en Rianxo 500 días después, llega a los tribunales a partir del próximo 28 de octubre, pero será un día después cuando el único acusado y autor confeso de la muerte, Enrique Abuín Gey, se sentará en el banquillo, ante un jurado popular, para enfrentar un proceso en el que figuran más de 50 testigos y 40 peritos.

El proceso arrancará, casi dos años después de la localización del cuerpo y de la detención de 'El Chicle', con la selección del jurado popular que se encargará de analizar los hechos y emitir un veredicto sobre el crimen.

Al día siguiente, el martes día 29, comenzarán las sesiones con la declaración del acusado, en una jornada en la que también está previsto que intervengan como testigos los padres de Diana Quer.

A continuación, entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre se desarrollarán cuatro jornadas en las que declararán más de 50 testigos, entre los que figuran familiares de Abuín Gey, conocidos de la víctima, feriantes, policías locales, buzos que participaron en la reconstrucción, agentes que revisaron grabaciones y pistas o vecinos.

A partir del día 6 de noviembre se sucederán las periciales, en las que declararán 40 expertos. Entre las pruebas que se analizarán está la identificación del vehículo del acusado captado por la cámara de una gasolinera, un informe de imputabilidad del acusado, un informe grafológico, el análisis del rastreo de los teléfonos móviles, o el análisis de huellas y restos biológicos en el vehículo de 'El Chicle'; además de los dos informes forenses, que cerrarán las sesiones el 8 de noviembre.

Los tiempos judiciales estiman que la semana del 11 de noviembre podría entregarse al jurado el objeto de veredicto, tras lo que se iniciará el periodo de deliberación hasta que el tribunal emita la sentencia.

José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', único acusado de este crimen y autor confeso de la muerte de la joven, se enfrenta en este caso a los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal, por los que tanto Fiscalía como acusación particular piden para él la prisión permanente revisable.

La pista de Diana Quer se perdió en las fiestas de A Pobra do Caramiñal, el 22 de agosto de 2016, mientras regresaba a casa tras haber disfrutado de la celebración. Año y medio más tarde, en los últimos días de diciembre de 2017, la detención de Abuín Gey por otra agresión en Boiro desencadenó la resolución del caso y la localización del cadáver de Diana en un pozo ubicado en el interior de una nave abandonada en Asados, en Rianxo (A Coruña).

En el auto de apertura del proceso, la Audiencia provincial estableció como hechos justiciables que 'El Chicle' abordó durante esa madrugada a la víctima cuando ésta se dirigía a su casa por el Paseo Areal, en A Pobra do Caramiñal.

Tras interceptarla, narra, 'El Chicle' introdujo a Diana Quer "por la fuerza" en el maletero de su vehículo, "donde la sujetó con unas bridas y la amordazó con cinta adhesiva". De las diligencias practicadas también se desprende que el acusado, supuestamente, arrojó el móvil de la joven por la ventanilla del coche cuando cruzaba el puente sobre la ría, a la altura de Taragoña.

Tras llegar a una nave industrial abandonada situada en el lugar de Asados, en Rianxo, el auto considera que Abuín Gey violó a Diana Quer mientras la joven se encontraba "atada, sometida y aterrorizada". Para ocultar estos hechos, la estranguló y arrojó el cuerpo a un pozo lleno de agua, al que volvió al cabo de unos días con unos bloques de cemento para lastrarlo y evitar que emergiese. A mayores, el alto tribunal provincial también establece como hecho justiciable que el acusado reconociese "por su propia voluntad" cuando estaba detenido el haber matado a la víctima, lo que fue "indispensable para recuperar el cuerpo".

Uno de los puntos claves en este caso reside en dilucidar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defienden tanto la Fiscalía como la acusación y como sostiene el auto de apertura de juicio oral. Esta circunstancia sería necesaria para que, junto al delito de asesinato, José Enrique Abuín fuese condenado a la pena de prisión permanente revisable, que piden para él la familia de la víctima y el Ministerio Público. En concreto, por los delitos de detención ilegal y agresión sexual, Fiscalía pide para 'El Chicle' penas de 20 y 12 años de prisión, mientras que, por el asesinato con "alevosía" y "ensañamiento" de la joven, añadido a los anteriores delitos, reclama la prisión permanente revisable.

Al mismo tiempo, solicita una indemnización para los padres de Diana de 254.000 euros, a los que se suman otros 36.000 euros para su hermana menor. Entre otras cuestiones, en el caso de ser excarcelado, pide que se mantenga una orden de alejamiento de la familia de la joven por un periodo de 10 años, así como la prohibición de que resida o visite A Pobra y la obligación de que participe en un programa de educación sexual. Por su parte, la acusación particular, que ejercen los padres de Diana, ha solicitado que José Enrique Abuín Gey sea condenado a prisión permanente revisable por el secuestro, violación y asesinato de la joven. En su escrito, considera a 'El Chicle' culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. Asimismo, reclama una indemnización para los familiares de la joven madrileña de 300.000 euros, el establecimiento de medidas de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos por un periodo superior en 10 años a la condena.