El juicio contra María José Campanario sigue adelante

En la tercera sesión del juicio por una supuesta estafa a la Seguridad Social para obtener fraudulentamente una incapacidad laboral, el magistrado ha rechazado todas las cuestiones previas presentadas por los abogados de la defensa y se ha remitido a lo ya decidido en 2006 y 2007 por la Audiencia Provincial, que desestimó la invalidez de las escuchas. Todas las cuestiones planteadas por los letrados de los 25 acusados, entre los que se encuentra María José Campanario, esposa del diestro Jesulín de Ubrique, y su madre, han sido rechazadas.

El presidente de la Sala ha afirmado que "no hay falta de motivación" en la investigación que se realizó, tal y como argumentaron las defensas, "ni hubo principio de quiebra de especialidad" dada la importancia del caso. Sobre la actuación de los agentes a la hora de controlar los teléfonos, el juez se ha sumado a lo que ya dijo el fiscal días atrás y ha calificado la labor policial como "impecable". Tras el anuncio de la validez de las escuchas, la Sala hizo un receso de media hora, tiempo en el que se reunió la Fiscalía con gran parte de los abogados de los acusados.

Cuando se reanudó el juicio, el fiscal Juan Bosco anunció que había llegado a un acuerdo con 16 de los acusados, de los cuales 11 han prestado declaración esta mañana, pese a la oposición de Felipe Meléndez, abogado del inspector médico Casto Lara, y Francisco Baena Bocanegra, letrado de María José Campanario y su madre, que protestaron porque no pudieron preparar los interrogatorios. Las once primeras declaraciones de los acusados que han reconocido los hechos que se les imputan no han arrojado mucha luz sobre este caso. Harold Escalante, médico de cabecera en Cádiz y al que se le acusa de expedir expedientes falsos, ha negado que conociera a ninguno de los otros implicados.

Por su parte, Juan José Vázquez, sí reconoció que Carlos Carretero, exjefe de policía de Ubrique (Cádiz) y supuesto cabecilla de la trama se ofreció a tramitar su pensión de invalidez y le pidió 9.000 euros para pagar a los trabajadores de su gestoría. Uno de los testimonios que ha aportado más datos ha sido el de José Roldán, que trabajó a las órdenes de Carretero, que ha señalado que tras diagnosticarle una depresión le ofreció un piso en Cádiz y le presentó a Francisco Pérez Lara, inspector médico.

Tras la comparecencia de los once acusados, Manuel Grosso ha levantado la sesión hasta el próximo 11 de mayo, fecha en la que comenzarán los interrogatorios del resto de los implicados. Una treintena de personas esperaban a las puertas de la Audiencia Provincial, donde han lanzado insultos contra los acusados, en especial contra María José Campanario y su madre Remedios Torres.

Una semana de juicio

El juicio, por una supuesta trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales, comenzó este lunes, despertando la atención mediática por estar entre los presuntos implicados María José Campanario, mujer del diestro Jesulín de Ubrique, acusada por supuestamente tratar de conseguir una pensión para su madre, que también se sienta en el banquillo.

Esa primera jornada, las defensas reclamaron la nulidad del proceso y, por tanto, el sobreseimiento de la causa alegando el desconocimiento de la Fiscalía sobre las escuchas, lo que, a su juicio, crea un proceso de indefensión. La 'Operación Karlos' surge a raíz de unas escuchas telefónicas que se le estaban realizando a Carlos Carretero, uno de los principales imputados, con motivo de una investigación por otra causa.

Tanto el letrado de Campanario como el de Francisco Casto, el médico imputado en el caso, defendieron que las escuchas de este proceso van contra los derechos fundamentales de las personas. En la segunda sesión del juicio, celebrada un día después, la Fiscalía defendió la "impecable" actuación del juez instructor del caso, asegurando que "en ningún momento se ha ocultado a la autoridad judicial dato alguno sobre este procedimiento". Defendía, además, que no se trató de "una investigación a una persona cogida al azar", así como que "se ha utilizado una suma o adhesión a los hechos que ya se estaban investigando", es decir a los hechos de la conocida como 'Operación Halcón', que es de donde parte esta otra.

Por su parte, la abogada del Instituto Nacional de la Seguridad Social también defendió la legalidad de la investigación y de las escuchas telefónicas, manifestando que "la importancia se ha de graduar no solo por la pena, sino por su trascendencia social en cuanto a que pueda recabar en la confianza de los ciudadanos en las administraciones". Un hecho que, a su juicio, "en sí mismo justifica" el modo de proceder en la investigación.

El juicio seguirá su curso con las vistas ya programadas, que incluyen la declaración de los procesados entre el 11 y el 20 de mayo, estando prevista la finalización del juicio para el próximo 10 de junio.