Las bajas laborales, las recetas médicas y las pruebas diagnósticas, detonantes de las agresiones médicas

Las bajas laborales, las recetas médicas y las pruebas diagnósticas son las principales causas que provocan las agresiones con los sanitarios por parte de los pacientes o de sus familiares, según explica Igor Pinedo, abogado experto en derecho sanitario.

Ya sea de forma directa o indirecta, según puntualiza, la primera causa de agresión viene por reclamaciones de bajas laborales o determinadas incapacidades, y que el doctor se niega a conceder por no cumplir los requisitos necesarios.

Le siguen las agresiones de los pacientes que demandan un determinado medicamento que han venido tomando durante un tiempo, y que por decisión médica, o bien se le retira o se le cambia. Por último, la tercera causa habitual, es la demanda de algún tipo de prueba diagnóstica específica, a pesar de que el paciente no reúna el cuadro clínico aconsejado por protocolo.

Para Igor Pinedo, "el común denominador a todos ellos se encuentra en el desconocimiento de los límites del sistema sanitario, la conciencia de ser únicamente sujetos de derechos y no de obligaciones, y la influencia que reciben de determinadas noticias o contenidos médicos publicados sobre todo en Internet, que carecen de rigor médico o se alejan de un interpretación médica correcta".

Por otra parte, este experto señala que es el personal sanitario femenino sufre más ataques que los hombres, sobre todo verbales; además es en los centro públicos, y, concretamente, en los servicios de Atención Primaria y Urgencias de los hospitales, donde se produce un mayor número de altercados.

Respecto al tipo de persona que agrede, el letrado del despacho Asjusa-Letramed, que asesora a servicios sanitarios de diversas comunidades autónomas, asegura que no se puede determinar una tendencia más o menos marcada en función entre hombres y mujeres.

Aunque, reconoce que, "hasta ahora, el 85 por ciento de los agresores eran los propios pacientes, pero cada vez con más frecuencia, son los familiares los que se enfrentan a médicos, fundamentalmente en Atención Primaria, o a otros profesionales sanitarios como celadores, ATS y enfermeras, en el caso de las áreas de urgencias hospitalarias".

LAS DENUNCIAS INTIMIDAN A LOS AGRESORES

Los castigos que se establecen por la agresión a un profesional sanitario se fijan en función de la gravedad de la agresión. Así, si la agresión se califica como una falta leve, cuando es una amenaza verbal, vejación o injuria, la pena oscila entre 10 y 20 días de multa, y las multas pueden ir de 2 a 400 euros al día. Si la agresión se califica como delito de atentado contra funcionario público, explica Pinedo, el denunciado se enfrenta a una pena de entre 1 y 3 años de prisión, tal vez más si concurre con otro tipo de delitos.

Actualmente, "sólo se denuncia un 10 por ciento de las agresiones que se producen, y lo cierto es que en los últimos años tampoco se puede hablar de que haya aumentado significativamente en el número de denuncias", destaca Pinedo.

Sin embargo, "los agresores que han sido denunciados y juzgados ante un tribunal no suelen volver a agredir", y parece que, además del efecto que tenga la multa o la pena que se le imponga, "ponerse delante del juez a dar explicaciones también hace mella en la gran mayoría de ellos y evitan reincidir".

Por otra parte, se ha observado que generalmente los pacientes o familiares, que son denunciados suelen "atesorar antecedentes violentos en centros sanitarios", si bien su conducta violenta desaparece desde el momento en el que son llevados a los tribunales.

Para Pinedo, otra de las claves fundamentales está en proporcionar información suficiente a los profesionales sobre sus derechos y las vías legales que existen para defenderlos, puesto que en este tema existe un desconocimiento generalizado.