La Comunidad de Madrid reconoce que recibió quejas de los familiares de 'Los Nogales' pero por otras cuestiones

Así ha respondido Rollán en declaraciones a los medios de comunicación, tras entregar las distinciones honoríficas de la Sanidad madrileña, al ser preguntado por la información que publica 'El Mundo' que recoge que la Comunidad archivó hace un mes una denuncia de 120 familiares de ancianos por el "trato inhumano".

El presidente en funciones ha señalado que desde el Gobierno regional adquirieron conocimiento de que trabajadores del centro maltrataron a ancianos en el momento en el que intervino la Fiscalía.

Fuentes del Gobierno regional han señalado a Europa Press que recibieron una queja por parte de un grupo de familiares el 17 de abril de 2018 e "inmediatamente" la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor pidió respuestas al centro. Unos días después, concretamente el 9 de mayo, y con carácter sorpresivo, los técnicos se personan en la residencia.

En base a la visita y a la información que se solicitó al centro concluyeron que la queja que se había presentado no se correspondía a lo que habían comprobado in situ. Además, estas mismas fuentes aseguran que en 2018 se realizaron otras dos inspecciones: en marzo, una nocturna, y otra en agosto. De estas, en ningún caso se concluyó que pudiera haber un maltrato a los mayores o que hubiera algún tipo de carencia en las instalaciones.

Según el mismo ha explicado, el presidente en funciones ha mantenido esta misma tarde una reunión con la consejera de Política Sociales y Familia, Lola Moreno, en la que se ha acordado que este viernes la Comunidad van a notificar el primer expediente, que es el que se está incoando desde la Dirección General y que recoge la propuesta de una sanción de 78.622 euros al centro por el incumplimiento del pliego y el contrato de condiciones que les une.

Por otra parte, ha explicado que también se va a comunicar, "aunque no se podría efectuar una propuesta de resolución de sanción firme tanto en cuanto no tenga lugar la resolución judicial", una posible imposición de sanción económica de hasta 600.000 euros. Asimismo, se va a solicitar que "se valore la inhabilitación de la directora del centro durante los próximos cinco años".

Se trata, para Rollán, de una medida "muy contundente" pero que es "de justicia" porque no se puede permitir que en ninguna residencia, independientemente de que sea pública o privada, se haya podido prestar "un trato tan vejatorio" a los mayores y porque hay que lanzar un mensaje de "confianza a la sociedad madrileña a todos aquellos que tienen a sus seres queridos en una residencia de mayores de que el sistema funciona".