El número de detenidos por el bloqueo al Parlamento catalán se eleva a siete

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a tres personas por los incidentes en el bloqueo del Parlamento de Cataluña el pasado 15 de junio, que se suman a las cuatro que se realizaron este lunes por los mismos hechos.

Según ha informado a Europa Press un miembro de la comisión penal del 15M, se trata de tres mujeres que han sido arrestadas entre la mañana y la tarde, que han sido citadas a declarar en la Audiencia Nacional el viernes, mientras que los otros cuatro habrán declarado el jueves.

Las detenciones se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haya imputado a 22 personas por un delito contra Altos Organismos de la Nación tras los incidentes durante el intento de bloqueo del Parlamento catalán el 15 de junio.

Todos las detenciones han seguido el mismo procedimiento: tras arrestar a la persona, se la conduce a comisaría, se la identifica, se le pregunta si quiere declarar y se le entrega la citación de la Audiencia Nacional, para después dejar la detención sin efecto.

Según la comisión penal, se trata de un procedimiento "poco garantista" e "irregular" porque para entregar una citación no es necesario arrestar a las personas.

Además, recalcan que las detenciones se han realizado en algún caso en el puesto de trabajo, y también en el domicilio o de camino al trabajo.

Lamentan que desde la Fiscalía de Cataluña se haya tenido una "diferencia de trato abismal", investigando de oficio los incidentes del Parlamento catalán y no así las cargas policiales en plaza Catalunya el 27 de mayo.

Todos los detenidos, según la citada fuente, han pasado por la comisaría de Sants-Montjuïc, en la Zona Franca, y se han negado a declarar ante los Mossos, y todas las detenciones han quedado sin efecto una vez se les ha entregado la citación judicial.

El magistrado de la AN imputa a todos ellos un delito contra Altos Organismos de la Nación, castigado con penas de entre tres y cinco años de cárcel, por los "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica", tras admitir a trámite una querella presentada por el sindicato Manos Limpias.