Los pensionistas andaluces no abonarán los gastos en sus fármacos que superen los límites mensuales fijados por Sanidad

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que los pensionistas andaluces no tendrán que adelantar a partir del 1 de julio el pago de los fármacos que retiren de las farmacias con cargo a una receta pública, más allá lógicamente de los tramos fijados en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y que comprenden una horquilla mensual de pago que va de los 8 a 18 y 60 euros (en función del nivel de renta de cada contribuyente).

Montero, que ha defendido que la comunidad tiene competencia para llevar a cabo esta medida, ha explicado en rueda de prensa en Sevilla que el RDL 16/2012 fija para todo el Estado el que los pensionistas abonen por adelantado el pago de sus medicinas, un dinero que luego le sería reintegrado de forma semestral si supera sus límite mensuales en función de los topes fijados por Sanidad para su nivel de renta.

Según ha precisado, el sistema que permitirá ahora a los pensionistas andaluces no tener que adelantar más dinero hasta su reintegro definitivo a los seis meses que el que fija el Gobierno central es gracias a la historia clínica digitalizada Receta XXI.

En concreto, este sistema, "accesible prácticamente al 100 por cien de los andaluces" y que ya permite a los usuarios retirar sus medicinas sin necesidad de acudir a los centros de salud para renovar sus tratamientos en caso de que sean crónicos, recogerá ahora una pestaña o suerte de 'contador de euros' en cada historial digitalizado de cada paciente.

De esta forma, y una vez superado el límite fijado por Sanidad de copago mensual de las recetas de un pensionista andaluz dado, el mismo no tendría que pagar más por alentado la retirada de nuevos fármacos durante ese mismo mes, ya que el contador 'avisará' al farmacéutico de que ese usuario ha llegado al tope de abono de ese usuario.

EJEMPLO PRACTICO

A modo de ejemplo, Montero ha expuesto un caso común y real: una persona pensionista que padezca Alzheimer, hiperplasia benigna de próstata, insuficiencia cardíaca, EPOC y diabetes, que además requiera de absorbentes y tiras reactivas, tendría que abonar más de 42 euros al mes por los 22 medicamentos necesarios para controlar estas enfermedades (el 10% del coste total del tratamiento, estimado en 424 euros mensuales). Salud evitará a este paciente tener que esperar más de medio año para que le devuelvan los 204 euros extra que pagará por seis meses de tratamiento (unos 40 euros superan el tope cada mes), ya que el sistema Receta XXI de la comunidad detectará cuándo ha llegado al pago de los 8 euros impuesto por el Gobierno central e informará a la farmacia de que no tiene que seguir cobrando al usuario ese mes.

De hecho, la estrategia digital Diraya permite cruzar directamente los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto significa que la Consejería de Salud podrá cada mes actualizar en qué situación laboral se encuentra el ciudadano y hasta cuánto le corresponde pagar antes de que vaya a la farmacia. Asimismo, garantizará a los usuarios en paro que han perdido derecho a prestación que no paguen nada cuando retiren sus fármacos.

"EL DECRETO ES UN IMPUESTO A LA ENFERMEDAD"

"Con esta medida, y en estos momentos de crisis, intentamos ayudar a los pensionistas andaluces frente a un decreto de Rajoy que supone en la práctica una impuesto para la enfermedad de los más débiles y una bajada real de las pensiones, ya que el Estado está empezando a dejar de ocuparse den los pensionistas", ha reprochado Montero.

Del mismo modo, ha defendido que con esta medida Andalucía se salva de las "posibles tensiones de Tesorería" que otras comunidades pueden sufrir "cuando a los seis meses tengan que devolver ese dinero a sus pensionistas, pero puedan tener problemas incluso para devolver esos pagos por adelantado como consecuencia de esta crisis".

En este mismo sentido, ha resaltado que Andalucía también quedará exenta de los posibles "picos de tensión de Tesorería" que también puedan sufrir otras comunidades para obtener liquidez con los que hacer frente al reintegro de las cantidades abonada de más por sus ancianos.

EVITAR BUROCRACIA Y ALCANCE DE LA MEDIDA EN ANDALUCÍA

Junto a ello, ha resaltado que el sistema andaluz evitará al paciente tener que reclamar el dinero que cada mes haya excedido del tope que le corresponda y esperar cada seis meses la devolución, minimizando así el coste de los trámites burocráticos necesarios para ejecutar los abonos.

Según los datos que maneja el departamento que dirige Montero, cerca de medio millón de pensionistas andaluces mayores de 65 años consume más de cinco recetas al mes.

No obstante, los datos que maneja Salud revelan que la imposición de esta normativa va a afectar al colectivo de los pensionistas andaluces (1.679.801 en la actualidad), que ha recibido la medicación prescrita por su médico de manera gratuita desde la década de los 60. A partir del 1 de julio, Sanidad les obligará a contribuir con entre el 10 por ciento y el 60 por ciento del coste del tratamiento hasta un máximo mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros.

Más concretamente, 1.414.873 pensionistas (el 85% del total) estarán en el tramo que pagarán 8 euros al mes según la norma, 260.895 abonarán hasta 18 euros al mes, y 4.033 pensionistas (el 0,2%) hasta 60 euros mensuales.

Además, 1.169.228 andaluces en activo tendrán que pagar más al retirar sus medicinas de las oficinas de farmacia. En concreto, 1.148.402 aportarán el 50% del coste (se trata de la población con una renta comprendida entre 18.000 y 100.000 euros que antes de la entrada en vigor del Decreto asumía el 40%), y 20.826 usuarios abonarán el 60% (con una renta por encima de los 100.000 euros, antes contribuían con el 40% del coste también).