Los responsables del geriátrico La Caritat no dan credibilidad a la confesión del celador

En un comunicado hecho público hoy, la dirección del geriátrico ha dicho que desconfía de la versión del imputado "tanto en lo que le beneficia como en lo que le perjudica, porque una persona que ha variado el contenido de las declaraciones a medida que ha avanzado el proceso puede, hoy, una vez más, estar mintiendo".

El abogado del centro, Joan Cañada, ha añadido en rueda de prensa que la declaración del acusado "se tambalea" cuando menciona "el supuesto cambio del método utilizado para asesinar a sus víctimas".

En respuesta a los periodistas, el director del geriátrico, Joan Sala, ha asegurado que los certificados de defunción de todos los ancianos presuntamente asesinados por el celador Joan Vila "se hicieron correctamente", y que no duda de la profesionalidad de la doctora de la residencia ni de otros médicos que los extendieron.

En una rueda de prensa ofrecida tras la confesión de Vila de que acabó con la vida de once ancianos suministrándoles barbitúricos, insulina u obligándoles a beber líquidos corrosivos, el director ha reconocido que el acusado tenía acceso a los medicamentos porque "los auxiliares tienen que ayudar a las enfermeras en su suministro".

Sala ha manifestado, en esta línea, que los certificados de defunción solo exigen un examen exterior del cuerpo y que no siempre se puede detectar una muerte provocada.

"Incluso ahora es difícil para los forenses, cómo no lo va a ser para un médico que examina de forma externa a un fallecido, tal como indica el protocolo", ha resaltado el director de "La Caritat".

Asimismo, ha indicado que no detectaron "ninguna anomalía" en el comportamiento del celador porque, de haber sido así, habrían dado la voz de alarma.

Joan Vila, de 45 años, confesó ayer ante el juez haber "ayudado a morir" a un total de once ancianos -nueve mujeres y dos hombres-, ocho más de los tres que admitió inicialmente, crímenes que calificó de actos "compasivos" para evitar el sufrimiento de sus víctimas a las que asegura que "quería muchísimo".

Vila comenzó a trabajar en "La Caritat" en diciembre de 2005 y desde entonces, y hasta que fue detenido, el pasado 18 de octubre, han muerto en la residencia 59 internos. De ellos, 27 fallecieron durante los turnos del celador, que sólo trabajaba los fines de semana y en días festivos.

No obstante, los responsables del centro no sospecharon del celador porque "en una residencia geriátrica no es sorprendente que muera mucha gente", según Sala.

El director ha explicado que la mayor parte de las muertes que Vila se autoimputa fueron certificadas por la doctora del centro, excepto "en cuatro casos, que lo hicieron otros médicos".

En ninguno de los casos los facultativos encontraron muestras visibles de que las muertes fueran provocadas o violentas, excepto en el último caso, el de Paquita Gironès, a la que una enfermera encontró agonizando y la trasladaron al Hospital de Olot, donde los médicos detectaron que había ingerido ácido desincrustante.

"Este caso nos permitió descubrir lo que pasaba y demuestra que se atendió con celeridad a la anciana, derivándola al centro sanitario, donde se actuó correctamente", ha dicho Sala.

El director ha afirmado que el geriátrico "colaborará al máximo en la investigación de la causa para determinar con la máxima celeridad posible cuál ha sido la verdadera actuación del imputado" y que "en ningún caso eludirá las responsabilidades que se puedan derivar de su actuación".

En este sentido, el abogado ha dicho que el centro "tiene un seguro de responsabilidad civil que se hará cargo de las indemnizaciones" y ha añadido que "si no es suficiente, se hará todo lo posible por cumplir lo que determine el juez".