Se sientan en el banquillo los acusados por el derrumbe del hotel Son Moll

Los seis acusados por el derrumbe parcial del hotel Son Moll, de Cala Ratjada, que costó la vida de cuatro operarios que estaban trabajando en las obras de reforma de la instalación, se sentarán en el banquillo desde este lunes y durante las próximas tres semanas para ser juzgados por estos hechos, que tuvieron lugar en diciembre de 2008.

La Fiscalía les imputa cuatro presuntos delitos de homicidio imprudente, otros cuatro de lesiones imprudentes y uno contra la seguridad de los trabajadores, por los que reclama un total de 22 años y medio de prisión para los encausados. Pese a que es el Juzgado de lo Penal número 3 el que celebrará la vista oral, por motivos de espacio ésta tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Palma, con sesiones que darán comienzo cada día a las 9.30 horas.

En concreto, tal y como consta en el escrito de calificación al que tuvo acceso Europa Press, la acusación pública solicita cuatro años de cárcel para el arquitecto que proyectó la reforma, Arturo Vila; el director de ejecución, José Luis Pujol; los administradores de las constructoras Consestelrich y Rafael Truco, Bartolomé Estelrich y Rafael Sancho Febrer, y el jefe de obra Juan Bonet. Mientras tanto, pide dos años y medio para el arquitecto estructurista Bernat Pere Nadal.

Tal y como postula el fiscal Miguel Ángel Anadón, la "absoluta falta" de valoración y planificación, la ausencia de una adecuada dirección de obra y de ejecución así como de coordinación y vigilancia y el "deficiente" control del desarrollo de las obras y de sus condiciones de seguridad, provocaron el colapso de la fachada norte del edificio y que los forjados del edificio anexo al hotel del grupo Serrano Hoteles cedieran, desplomándose tres plantas y quedando sepultados los trabajadores que allí operaban.

El Ministerio Fiscal recuerda que la entidad Entrador S.L., a través de Son Moll S.A., encargó en 2007 la redacción del proyecto técnico así como la dirección de obra al arquitecto Arturo Vila, quien "estaba obligado a prevenir los riesgos derivados de la reforma y especialmente el del derrumbe del edificio". Posteriormente, la promotora contrató a la UTE Consestelrich y Rafael Truco para la ejecución de las obras, cuyos administradores están asistidos por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner.

Sin embargo, asevera que pese a ser conocedor de sus obligaciones, Vila, defendido por el letrado Gabriel Garcías, elaboró "un simple proyecto básico de rehabilitación" que resultaba "absolutamente insuficiente" para iniciar las obras. Es más, desoyendo las recomendaciones del documento básico de seguridad estructural y "sin ofrecer alternativas sólidas y fiables", abordó el proyecto "desde el desconocimiento del sistema estructural del edificio", sin evaluar los riesgos de estabilidad y de falta de solidez de la instalación.

De este modo, el acusado omitía del proyecto este documento "de obligada existencia por cuanto se trataba de acometer una obra de rehabilitación de un edificio existente y no de una ejecución de nueva planta, siendo por ello obligado conocer el estado estructural del edificio". La Fiscalía asevera además que, si bien la memoria del proyecto expresaba de forma "absolutamente no ajustada a la realidad que se trataba de una rehabilitación en la que no se intervenía en el sistema estructural, lo cierto es que se preveía actuar sobre elementos estructurales del edificio".

Mientras tanto, el estudio de seguridad elaborado por José Luis Pujol tras serle encargado por la promotora "no cumplía con la necesidad de evaluar los riesgos" derivados de la ejecución de las obras, no preveía "en modo alguno" el riesgo de aplastamiento a trabajadores por derrumbe y "ni era coherente con el proyecto en el que se integraba ni lo era en sí mismo", como tampoco contenía los riesgos que debían ser evitados. De este modo, apostilla el fiscal, Pujol creaba "un riesgo grave para la vida e integridad física de cuantos trabajadores allí operaban".

Cabe recordar que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor, Martina Mora, decretó en la madrugada del 20 de diciembre de 2008 libertad sin fianza para Vila, Pujol y Bonet, tras declarar en una maratoniana jornada durante más de diez horas. La Fiscalía, en su escrito de acusación, pide además que los acusados indemnicen de forma solidaria a los familiares de los fallecidos así como a quienes resultaron heridos a raíz del derrumbe.