La nueva Ley de Telecomunicaciones aspira a inducir un aumento del PIB del 0,3%

El ministro explicó que los objetivos de la nueva ley son el despliegue de redes de nueva generación tanto en telefonía móvil como fija y el fomento de las inversiones, lo que mejorará los servicios al ciudadano e impulsará la competencia. Industria calcula que la inversión en los próximos años podría ascender a 25.000 millones.

Además de este impulso a la competencia, la LGT se propone como objetivo "alcanzar la unidad de mercado, reducir las cargas administrativas de las diferentes administraciones, que muchas veces frenan los procesos de inversión, y facilitar el despliegue de redes", aseguró Soria.

Entre las novedades figura una simplificación en el despliegue de nuevas redes en la que se favorecerá el uso compartido de infraestructuras entre compañías y se eliminarán las trabas a la concesión de licencias.

Se suprimen además las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes en dominicio privado, que serán sustituidas por declaraciones responsables. También se facilitará el despliegue de redes fijas en edificios y se garantizará el derecho de cualquier ciudadano a acceder a redes ultrarrápidas.

Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados.

COMPETITIVIDAD

También se resuelven cuestiones que, a juicio de Industria, afectaban negativamente a la competitividad de los operadores, entre ellas la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios.

El Gobierno también incluye en la norma medidas encaminadas a reducir la "dispersión normativa" entre las distintas comunidades autónomas y simplificar los procedimientos para el despliegue de las infraestructuras, y confía en que, con su aplicación, los ciudadanos noten mejoras en la cobertura, en la velocidad de Internet y en los precios y costes.

Al justificar la conveniencia de la norma, Soria recordó que han pasado diez años desde el anterior marco legislativo del sector y consideró necesario "adaptarlo a la nueva realidad de las telecomunicaciones".

MEJORAS PARA EL USUARIO Y SANCIONES

En cuanto al impulso a la competencia y las mejoras para el usuario, el anteproyecto de LGT incluye la realización de forma periódica de análisis de los distintos mercados, lo que permitirá fijar en cada uno de ellos unas obligaciones específicas y unas condiciones de competencia más adecuadas a la situación real del mercado.

También se mejoran los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas. Se precisa el régimen sancionador y se facilita el cumplimento de las obligaciones de los operadores manteniendo los derechos de los usuarios.

Además, se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental, y se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES

Al comentar los temas aprobados durante el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que, con este proyecto de ley, "se avanza de forma importante" en la reforma de las administraciones públicas, mediante la introducción de "cambios esenciales".

Las novedades permitirán "la colaboración entre administraciones en el despliegue de redes y la simplificación de las licencias y los procedimientos a la hora de llevar a cabo las actividades", lo que es "clave para la competitividad y la productividad de la economía española", a la vez que se la dota de mayor seguridad jurídica.

'COOKIES' Y DNI ELECTRÓNICO

La nueva norma modifica otros textos legales como la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, al introducir precisiones sobre las 'cookies'. En este punto, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión.

El texto cambia a su vez la Ley 59/2003 de firma electrónica de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de 5 años, y no de 2 años como hasta ahora.