El PP trata de encontrar una fórmula para asumir mañana en el Congreso demandas de la 'Segunda Carta por la Ciencia'

En una moción consecuencia de la interpelación que el pasado miércoles mantuvo el portavoz socialista de I+D+i, Miguel Cortizo, con el ministro, el PSOE puso sobre la mesa el decálogo de demandas de los investigadores ante los recortes en innovación y desarrollo, recogidas en esa 'Segunda Carta por la Ciencia'. Cumpliendo el objetivo de los científicos, la moción pretende que "la Cámara se manifieste y vote".

El Grupo Popular asegura compartir los diez puntos que reclaman los investigadores pero alega que las condiciones económicas hacen imposible aceptar en su integridad tres de ellos por la falta de disponibilidad presupuestaria.

Se trataría de los tres puntos que se encuentran negociando 'populares' y socialistas relativos a eliminar la restricción del 10 por ciento de la tasa de reposición en el sector, ejecutar el 100 por cien del presupuesto aprobado en la materia ya que en años anteriores ha sido imposible gastar una parte debido a su estructuración, así como la transferencia de fondos a los centros y grupos de investigación con proyectos aprobados independientemente de si la comunidad autónoma ha cumplido el objetivo de déficit o no.

No obstante, según los otros siete puntos de la iniciativa, que plasma la 'Segunda Carta por la Ciencia', el Congreso sí podría instar al Gobierno a poner en marcha el Plan Estatal de I+D+i 2013 y al cumplimiento estricto de los plazos en el futuro, así como mantener una política de recursos humanos coherente con el objetivo de atraer y retener el talento en España, manteniendo el talento actual y en especial los contratados Ramón y Cajal, y la planificación consensuada de una carrera investigadora coherente, capaz de evitar la pérdida "irreparable" de generaciones futuras de científicos, tecnólogos y personal de investigación.

Igualmente, se aceptaría pedir al Ejecutivo que lance la Estrategia de I+D+i con inversiones que permitan cumplir el compromiso de una inversión del 2 por ciento del PIB entre 2013-2016, además de que se mantenga la inversión pública en ciencia básica o se aplique y desarrolle la Ley de la Ciencia, en materia de personal investigador.

Es más, el Congreso asumiría la exigencia al Gobierno para que pusiera en marcha la Agencia Estatal de Investigación como un organismo autónomo e independiente con un presupuesto plurianual, además de que se abra un proceso de negociación que lleve la consecución de un acuerdo social y político para preservar la I+D+i de los vaivenes económicos y políticos.

La negociación entre los dos grupos mayoritarios podría derivar en una redacción alternativa de la moción o bien por introducir salvedades en algunos puntos. No se descarta también una votación separada de los epígrafes del decálogo.

PROTESTAS CIENTÍFICAS

Durante el debate de la interpelación el pasado miércoles, De Guindos explicó que al mejor joven físico europeo no se le denegó la beca Ramón y Cajal, sino que la convocatoria de estas becas postdoctorales se resolvió días antes de que al joven gallego le concedieran el premio europeo. Así, retó al PSOE a buscar si alguno de los currículos de esta convocatoria Ramón y Cajal no era meritoria de estas ayudas.

El colectivo 'Carta por la Ciencia', que está formado por la Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE), la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), la plataforma 'Investigación Digna', la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE), CC.OO y UGT, convocó el pasado viernes movilizaciones en doce ciudades españolas bajo el lema 'Salvemos la ciencia. Sin I+D+i no hay futuro'.

Los científicos protestan porque desde 2009, desde el anterior Gobierno socialista, la I+D+i ha sufrido un constante recorte presupuestario y se redujo el presupuesto del sector en más de un 40 por ciento, más la reducción en los presupuestos autonómicos, más la caída de la inversión privada.