Después de que el caso que acusaba a Francisco Camps de cohecho por haber recibido supuestamente regalos (en concreto, trajes valorados en miles de euros) por la empresa de eventos Oragne Market a cambio de concesiones fuese archivado y de que otros ejemplos de malversación de fondos comenzasen a salpicar al PP de Baleares, María Dolores de Cospedal nos dio el tiutlar: acusaba al Gobierno Central de haber practicado "escuchas ilegales" en contra de su partido asegurando que estaban sufriendo un "acoso impropio de la democracia". Mariano Rajoy y el resto de los miembros del PP respaldaron en seguida las declaraciones de Cospedal a pesar de que ninguno de ellos ha podido presentar pruebas contundentes sobre tan grave acusación. Se remiten a las filtraciones hechas en los medios de comunicación sobre el caso Camps y otros ejemplos, adviertiendo de que "la denuncia ya está puesta" y confiando (ahora sí) en el buen hacer de los tribunales de justicia.
La audiencia de La Noria, sin embargo, no ha refrendado la postura del Partido Popular, creyendo el 64% que Cospedal debería retractarse de sus declaraciones. Sólo el 35% apoya la nueva estrategia del partido de Mariano Rajoy.