Por tanto, lo que ocurra con Garoña (el Gobierno debe decidir antes del 5 de julio si prorroga su licencia de explotación) no "prejuzgará" el futuro del resto de plantas nucleares españolas.
Cuando llegue ese momento, ha añadido el ministro, los argumentos que se tendrán en cuenta para decidir el futuro de las centrales nucleares serán los que aparecen en el programa electoral del PSOE, que es "muy claro" en ese punto y que "yo comparto plenamente".
Sebastián respondía así a la diputada popular Sandra Moneo, quien en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados ha preguntado por el futuro de Garoña y ha criticado el "papelón" que está haciendo el ministro para dar "cobertura a la locura" en la que le ha metido el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
"Quién le ha visto y quién le ve", ha espetado Moneo a Sebastián. "Creo que es el momento de hablar claro", ha añadido la diputada del PP, quien ha asegurado que si Garoña se cierra será por cuestiones "exclusivamente" políticas porque "no hay ni una sola razón, ni un solo motivo para que esta planta no pueda seguir funcionando".
Todo lo contrario de lo que opinan los responsables de Ecologistas en Acción y Greenpeace, quienes hoy han acudido al Ministerio de Industria para depositar "la llave que cierra Garoña".
Acompañados de una treintena de activistas vestidos con monos blancos y la pancarta "Garoña, cierre ya", los responsables de energía nuclear de Ecologistas en Acción, Luis González Reyes, y de Greenpeace, Carlos Bravo, han depositado una gran llave de cartón a las puertas del Departamento que dirige Miguel Sebastián.
En declaraciones a los periodistas, González Reyes, ha denunciado que Garoña es una instalación "insegura", "sobradamente amortizada" y "totalmente prescindible" porque "un tercio de la energía eléctrica que generan las centrales españolas se vende a Francia".
Por su parte, Carlos Bravo, ha subrayado que el cierre de Garoña sólo perjudica a las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, "que quieren seguir lucrándose con esta central, aun a costa de la seguridad de las personas y el medio ambiente".
Además, según Bravo, el cierre de esta central no tiene por qué afectar al empleo ni al desarrollo de la comarca, ya que el cierre de la planta debería ir acompañado de un plan de dinamización de la zona y el impulso de las energías renovables, que tienen mucha más capacidad de creación de empleo que la energía nuclear, ha dicho.
Y mientras los ecologistas protestaban en Industria y el ministro respondía las preguntas de la oposición, un centenar de trabajadores de Garoña se concentraban en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno que permita el funcionamiento de la central hasta el 2019.
Los trabajadores de esta planta creen que debe prevalecer el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que recomienda la continuidad de la planta por otros diez años si se realizan las mejoras necesarias para ello.
Al acto también han asistido varios alcaldes de municipios cercanos a la zona de la central nuclear de Cofrentes en Valencia, que han solicitado que se respete el informe del CSN y han recordado que "si las centrales no fueran seguras, los alcaldes serían los primeros en apoyar el cierre de las mismas".
Por otra parte, diputados de distintos grupos políticos del Parlamento Europeo han acordado hoy enviar una carta al presidente del Gobierno para reclamarle que no cierre Garoña.