Un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Valencia estima en 2,2 millones de euros en pérdidas derivadas por deslizamientos y corrimientos de tierra en esa comunidad, ha explicado el ICOG.
Para ello, apuesta por la presencia de expertos en geología para que puedan "realizar un inventario geotécnico de taludes y terraplenes". El objetivo es "minimizar los riesgos en la red de carreteras".
Asimismo considera que las administraciones, en su relación de puestos de trabajo (RPT) deben convocar plazas específicas para geólogos ya que "son los profesionales mejor cualificados para estudiar y analizar la estabilidad de laderas y taludes".