Según señala el informe de este organismo, al que ha tenido acceso Europa Press, Fecyt debería pedir, de forma aleatoria, las justificaciones económicas de los beneficiarios de estas convocatorias incurridos en la realización de las actividades subvencionadas. Incluso indica que, en algún caso, se pueden contratar expertos que emitan un informe sobre la correcta aplicación de estas ayudas.
Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas sugiere una coordinación con la Secretaría General de Universidades para los procedimientos de seguimiento y control de las ayudas en el Marco del Estatuto del personal investigador en el extranjero.
Así, indica que, mediante la creación de una comisión paritaria entre ambos organismos, se podría examinar el desarrollo del convenio y el grado de cumplimiento de sus objetivos, así como la propuesta de modificaciones y mejoras en el sistema de gestión del programa.
Además, recomienda a Fecyt "implantar algún procedimiento interno para dejar constancia sobre el adecuado ejercicio de los derechos sobre la propiedad intelectual o industrial que pudiera generarse en las actividades que financia".
Y, finalmente, apunta que "sería conveniente" que la fundación "adoptase las medidas pertinentes para ganarantizar una gestión adecuada de los registros de ayuda y elaborase un procedimiento interno que defina la documentación, los criterios de plazos y los responsables de su impulso".