La CNE pidió en tres ocasiones en 2010 a Industria que saldara los CTC

La extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) reclamó al Ministerio de Industria en tres ocasiones en 2010 que realizase un pronunciamiento formal acerca de la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), cuya reclamación a las eléctricas por exceso de cobro expiraba en ese ejercicio.

Esta liquidación de los CTC, conforme a los cálculos de la Abogacía del Estado, habría puesto en evidencia un exceso de cobro de más de 3.000 millones de euros para las compañías eléctricas. De esta forma, se habría generado un ingreso adicional para la tarifa eléctrica en caso de que Industria hubiese reclamado el importe, lo que no llegó a hacer.

Ya antes de 2010, a finales de 2009, la CNE incluyó en el informe de revisión de peajes de electricidad a partir del 1 de enero de 2010 un párrafo en el que recordaba que, si bien en 2006 habían quedado suprimidos los CTC como costes permanentes del sistema, es "necesario que se produzca formalmente, de conformidad con el ordenamiento jurídico, un pronunciamiento sobre su liquidación".

El organismo abundó en esta cuestión en un informe de junio de 2010 sobre la revisión de peajes en julio. En él recordaba que, tal y como se lo había pedido la Dirección General de Política Energética y Minas, había remitido a Industria los informes solicitados para conocer el saldo de los CTC para el periodo 1998-2005, sin que hubiese hasta esa fecha una liquidación final.

Tras repetir el mismo párrafo que en el informe de los peajes de enero, el regulador advertía de que la ausencia de esta liquidación podría implicar unos derechos de cobro del déficit de tarifa por parte de las grandes eléctricas superior a lo que les correspondería.

"La supresión de los Costes de Transición a la Competencia sin un análisis sobre el grado de amortización de dichos costes, por empresas y por instalaciones, ni sobre las cantidades recuperadas por este concepto desde 1998, podría llevar a que los derechos de cobro de las empresas financiadoras del déficit tarifario fueran superiores a los que les corresponderían en caso de considerar el impacto de la eliminación de los CTC", dice este informe.

La CNE, presidida por entonces por Maite Costa, repitió el párrafo sobre los CTC incluido en el informe de revisión tarifaria de enero y julio en al menos otros dos informes, el del 28 de septiembre de revisión de peajes en octubre y el del 16 de diciembre de revisión de peajes a partir de enero de 2011.

El informe de finales de septiembre vino además acompañado del voto particular de dos consejeros, Jaime González y Jorge Fabra, quienes insistían en la necesidad de la liquidación de los CTC porque no hacerlo sería actuar "en perjuicio de los consumidores".

INFORME DE 2006.

Anteriormente, en octubre de 2006, el regulador había emitido un informe sobre la situación de los CTC apenas unos meses después de que el Gobierno los suprimiese. En él, informaba de los pasos para cerrar las liquidaciones de los CTC y las distintas alternativas en caso de que se considerase que las empresas habían recibido de más.

Entre ellas, ofrecía la posibilidad de operar sobre los CTC que por entonces se encontraban pendientes de cobro a junio de 2006, convertir en ingresos liquidables del sistema esta partida o, en tercer lugar, una solución intermedia entre la primera y la segunda.

El diario 'El País' publicó este fin de semana que la Fiscalía Anticorrupción ha citado en secreto a varios altos cargos del Ministerio de Industria de la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para recabar información sobre por qué no se exigió a las compañías eléctricas la devolución de cerca de 3.000 millones de euros correspondientes a los CTC ingresados de más entre 2005 y 2006.

HISTORIA DE LOS CTC.

Estos CTC se crearon en 1997, con la Ley del Sector Eléctrico, con el objeto de que las inversiones realizadas hasta ese momento por las eléctricas tuviesen un retorno suficiente garantizado, sin riesgos asociados al proceso de liberalización del mercado.

En concreto, se les garantizó un precio de la electricidad de 36 euros por megavatio hora (MWh), de modo que se les compensaría hasta igualar esta cifra en los momentos en los que el mercado marcase un precio inferior, con un tope de 1,7 billones de pesentas (10.200 millones de euros), según la revisión de la Ley 9/2001. El mecanismo también descontaba a las eléctricas los ingresos obtenidos en cuanto el mercado superase los 36 euros por MWh.

Esta circunstancia comenzó a producirse en 2005, con las subidas de los precios de la energía, y continuó hasta 2006, momento en el que el Gobierno derogó los CTC. No obstante, el Ejecutivo no llegó en ningún momento a reclamar a las empresas el importe cobrado de más, que los informes de la Abogacía del Estado cifran en más de 3.000 millones, hasta que en 2010 prescribió la oportunidad de hacerlo.