En concreto, la modificación de los artículos 270 y 271 se refiere a quien "con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero", distribuya una obra a través de cualquier medio, "sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios".
Sin entrar en la modificación de las penas o de su gradación, para AUC, las medidas que puedan adoptarse "deben diferenciar claramente el papel de los diferentes prestadores del servicio de la sociedad de la información, que actúan en un entorno comercial, del acceso o distribución de contenidos por parte de los consumidores y usuarios".
Especialmente cuando por parte de éstos último no existe, "no sólo ánimo de lucro, sino tampoco ánimo de daño, y se mantienen en un plano que puede considerarse habitual, cotidiano y razonable".
La asociación recuerda también la necesidad de conciliar los derechos de propiedad intelectual con los derechos ciudadanos de acceso a la cultura y de protección de la intimidad y la privacidad de los datos personales.