"La Comisión considera que la legislación española no es proporcional ni necesaria, y que restringe la libre circulación de mercancías en la UE", ha indicado Bruselas en un comunicado en el que anuncia el ultimátum lanzado a las autoridades españolas.
Dicho ultimátum tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si el Gobierno español no responde a sus exigencias en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El conflicto tiene que ver con la exigencia por parte de España de un sello específico a las armas de fuego antiguas importadas de otros Estados miembros, pese a haber sido "legalmente comercializadas y marcadas" en otro país de la UE.
De acuerdo a la norma europea, este tipo de armas que, pese a ser antiguas están en estado de ser usadas, quedan exentas de la obligación de contar con el marcado de autenticidad que permite su trazabilidad si ya cuentan con el sello de arma "histórica". Algo que no reconocen las autoridades españolas.
Así las cosas, Bruselas se ha mostrado dispuesta a "seguir ayudando" a España a encontrar medidas "menos restrictivas" para el comercio de armas, sin que por ello se merme la seguridad privada.