La Unió de Periodistes Valencians, junto con la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ha mostrado su rechazo a la norma del anteproyecto de la ley orgánica del poder judicial que permite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "silenciar" a los medios de comunicación, al poder ordenarles que dejen de informar sobre el trabajo de un magistrado si considera que se ve "perturbado su sosiego y ecuanimidad".
Este apartado dice literalmente: "Quien con violencia o intimidación intentara influir directamente o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento porque modifique su actuación procesal, tiene que ser castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 20".
La Unió de Periodistes Valencians y la Asociación de la Prensa de Madrid consideran que la mencionada norma "atenta claramente contra los derechos a la libertad de expresión y a la información consagrados en la Constitución y pilares del sistema democrático".
Asimismo, subrayan que "no puede limitar el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea" y que los medios y los periodistas "tienen derecho a dar a conocer al público cualquier información veraz y de interés de la que tengan conocimiento".
En esta línea, resaltan que "no se puede exigir a ningún medio que deje de publicar lo que conoce, siempre que se haya comprobado bien sus fuentes, aunque esto sea causa de que un magistrado considere perturbado su sosiego y ecuanimidad".
Ante esto, alertan que, si esta norma es aprobada y convertida en ley, "toda opinión sobre la actuación de un juez puede llegar a ser estimada por el CGPJ como un ataque a la independencia del magistrado, un ataque que puede tener consecuencias penales para los periodistas sólo por el hecho de realizar su trabajo".
A su juicio, el Gobierno parece "emperrado" en promover y aprobar leyes con normas que "limitan" los derechos a la libertad de expresión y a la información, como la Ley orgánica del Poder Judicial, la Ley de Seguridad Ciudadana o la prevista Ley de Enjuiciamiento Criminal, "olvidando que sólo a través de una información libre y veraz se garantiza la existencia de una opinión libre, condición absolutamente necesaria para el correcto funcionamiento del sistema democrático".