El caso se remonta a hace tres años, cuando el ciclista bejarano denunció al Estado después de que éste rechazara su petición de indemnización por las "elevadas" pérdidas económicas ocasionadas por dejar en ciclismo profesional ante la ausencia de ofertas de equipos profesionales.
Previamente, el Tribunal Supremo --ante el que ahora puede el Estado recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional-- señaló en 2012 que la sanción por dos años por el positivo de EPO en la Vuelta a España de 2005 no se ajustaba a la legalidad porque se cometieron varias irregularidades en la práctica de los análisis.