En un encuentro informativo, Martínez recordó que la CAM ha pedido una inyección de 2.800 millones al Estado para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia, pero lamentó que aún no se hayan exigido responsabilidades a los gestores de la caja alicantina.
El sindicato tiene "conciencia de que ha habido mala gestión" y pone como ejemplo que a finales de enero "afloraron 625 millones de morosidad" y la cúpula directiva ni lo contó a su Consejo de Administración ni a su Asamblea General.
Por esa y otras razones, Martínez aboga por el cese de los máximos responsables de la CAM y, en el caso de que hayan cometido delitos, pide que "apechuguen con sus responsabilidades".
Comfia admite que la responsabilidad es de quien gestiona y administra, pero considera que el Banco de España pudo haber hecho más y no sólo en el caso de la CAM, sino también en el de las intervenidas CCM y Cajasur.
Martínez recriminó "la falta de coraje del supervisor para atender a su responsabilidad", ya que ha dejado que entidades languidezcan, tratando de encontrar alguien que se haga cargo de ellas antes de tener que arreglar (con la intervención) "un problema que es tres veces mayor".
Pidió también al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que actúe con mayor determinación y "haga su trabajo", aunque dejó entrever que no habrá una intervención de la CAM "quizás porque ni el Gobierno ni el gobernador, al que le queda un año de mandato, quieren problemas".
Ante esta situación y pensando en el resto de entidades, incluso en las fusiones que podrían romperse por "diferencias de los ejecutivos", recomendó ofrecer esquemas de protección de activos (epa) en los que el Estado asumiera posibles pérdidas futuras.
El secretario general de la Federación de Servicios Financieros de CCOO explicó que dichas garantías -que serían las que están demandando los posibles compradores de la CAM- haría más fácil la entrada de inversores privados.
También destacó que permitirían a las entidades que quieran salir a bolsa conseguir un precio mejor, al no verse forzadas a ofrecer importantes descuentos.
"Si no queremos malvender empresas con proyección de futuro (en alusión a las cajas), un epa sería interesante para no venderlas muy por debajo de su precio razonable".
Pero Martínez señaló otros retos para el sector de las cajas como la mejora de su gobernanza, en la que puso como ejemplo a Caja España-Caja Duero que funciona con un Consejo de Administración de "más de treinta miembros que se reúne casi todas las semanas".
En cualquier caso, destacó que la mejora de la gobernanza poco tiene que ver con que los consejeros sean o no políticos, frente al Banco de España que mantiene esa idea por "prejuicio" hacia las cajas.
Martínez argumentó que nadie cuestiona el Consejo del Banco Santander y sin embargo es "el que tiene la mayor presencia de ex políticos del país".
En cuanto a las exigencias de mayor capitalización para el sistema financiero español, Comfia-CCOO adelantó que está preparando un recurso al Defensor del Pueblo que presentará después de Semana Santa, ya que considera que el texto discrimina entre entidades, distorsiona la competencia y dificultará la recuperación económica.