Los órganos de gobierno de la CEOE, la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo, se reunieron hoy después del verano y aprobaron sus aportaciones sobre la revisión del Pacto de Toledo, sus propuestas sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y analizaron la reforma laboral y la huelga general convocada por CCOO y UGT.
En rueda de prensa, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, dijo que nadie ha pedido la dimisión del presidente Gerardo Díaz Ferrán y que este tema no se ha tratado porque no estaba en el orden del día.
De la huelga general, destacó que es "política" y está "alejada de los intereses empresariales", por lo que pidió al Gobierno que abra una "línea caliente" en la que los empresarios puedan comunicarle cualquier incidencia que impida a los trabajadores ejercer su derecho al trabajo.
Preguntado si la CEOE hace esta exigencia porque teme que sea una protesta violenta, respondió que espera que no sea así, pero reiteró que hay que compaginar el derecho a la huelga con el de poder ir a trabajar y proteger las instalaciones y a las personas.
No obstante, indicó que si el miércoles 29 se registra algún acto violento por parte de los sindicatos, el Gobierno debe actuar con "celeridad".
En cuanto al seguimiento de la huelga, Lacasa dijo que no ve "gran entusiasmo" y que la CEOE será "activa" para que las empresas abran ese día.
Sobre la reforma laboral, Lacasa resaltó que, a pesar de las modificaciones introducidas en el Parlamento, no responde a las aspiraciones del mundo empresarial ni a las necesidades de la economía ni a las propuestas de los expertos y de los organismos internacionales.
Para Lacasa, los objetivos de la reforma eran ver cómo se mejoraba la contratación ante las "gravísimas" cifras de paro, y dijo que al final se ha hecho "muy poco" sobre este aspecto porque de hecho se ha centrado más en el despido.
La CEOE también aprobó hoy sus aportaciones para la futura reforma de las pensiones, entre las que destaca que las bonificaciones para incentivar la contratación las financien los Presupuestos Generales del Estado y no sean a cargo de las cotizaciones.
También apuesta por que se mantenga la posibilidad de jubilación anticipada con condiciones "flexibles" compatibles con la viabilidad de las empresas y pide que se reduzcan las cotizaciones en momentos de recesión y alto desempleo.
Asimismo piden que se defina un montante "razonable" del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y que se revise su gestión; y que se incentiven los sistemas de previsión social complementaria.
La CEOE pide sobre los presupuestos de 2011 que se recorte el gasto corriente y no el productivo, por lo que recomienda reducir la dimensión de las administraciones, incrementar la privatización de los servicios públicos y dejar de financiar las pérdidas de las empresas públicas, como las de las televisiones.
En cuanto a la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid de reducir el número de liberados sindicales, Lacasa consideró que no es prioritario, cuando lo que se pretende es modernizar el marco laboral.
Según las cifras de la CEOE, en el sector privado hay 4.200 liberados que dedican todo su tiempo a actividades sindicales.
Además, la CEOE ha identificado a otros 290.000 representantes sindicales, que dedican unos 60 millones de horas anuales a esta función, precisó.
En cuanto a la reforma de la negociación colectiva, el secretario general de la CEOE reafirmó la intención de la patronal de llegar a un acuerdo con CCOO y UGT y anunció que la Junta Directiva de octubre aprobará las propuestas de los empresarios.