En su informe anual correspondiente a 2008, el Defensor del Pueblo señala que de todas las quejas presentadas -la mayoría por retraso en el pago de dicha renta o por la interrupción de su ingreso- fueron admitidas a trámite 153 protestas: 98 por actuaciones del Ministerio de Vivienda y 55 de las comunidades autónomas, la mitad de la Comunidad de Madrid.
La RBE, ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes de entre 22 y 30 años que se puso en marcha en enero de 2008, se está pagando a 99.323 personas, aunque más de 158.000 cuentan con una resolución positiva, según datos del Ministerio de Vivienda a 31 de marzo.
Las quejas sobre la tardanza en cobrar esta subvención se refieren tanto a la lentitud de las comunidades autónomas a la hora de resolver las solicitudes, como a la demora del Ministerio de Vivienda para dar la orden de pago una vez realizadas las comprobaciones pertinentes.
Tras su investigación, el Defensor del Pueblo concluye que no sólo "ninguna de las administraciones concernidas ha reconocido su responsabilidad" en las incidencias constatadas, sino que además se trasladan la culpa unas a otras.
La institución no comprende cómo, teniendo constancia de las resoluciones resultas positivamente por parte de las comunidades autónomas, el Ministerio de Vivienda no se interesa por su tramitación a cargo de las entidades bancarias cuando "tras un tiempo razonable" no reciben de éstas el identificador de la resolución.
Para el Defensor del Pueblo, esta "inactividad y falta de diligencia" no está justificada y cobra mayor importancia por la "deficiente información" que se facilita a los beneficiarios en el departamento de Beatriz Corredor sobre la situación de sus expedientes.
Asimismo, el informe constata "el gran retraso" con el que la Comunidad de Madrid dicta sus resoluciones, rebasando ampliamente el plazo de dos meses previsto para pronunciarse, y rechaza las justificaciones ofrecidas por el gobierno regional.
El atraso se produce fundamentalmente porque el impreso oficial de solicitud de la Comunidad de Madrid no incluye la necesidad de adjuntar un certificado de haberes para comprobar si el solicitante dispone de una fuente regular de ingresos, lo que motiva su posterior requerimiento transcurrido el plazo de dos meses.
No obstante, el Defensor del Pueblo explica que, en atención a su sugerencia, la Comunidad de Madrid ha mejorado el impreso de solicitud y el Ministerio de Vivienda ha ampliado los mecanismos de verificación automática de los requisitos, con lo que espera que en lo sucesivo se reduzcan las quejas.
El informe se refiere también al daño moral que todas estas incidencias han causado a unos jóvenes que en muchos casos justificaron su decisión de salir del domicilio familiar en las ayudas del Gobierno y tuvieron que "abortar la iniciativa" al no conseguir la subvención en el tiempo estimado. EFECOM