Las enmiendas presentadas y aprobadas por el Grupo Parlamentario Popular a la Ley de Medidas Fiscales y Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2009 permiten a la Asamblea de Madrid, en la que el PP tiene mayoría absoluta, aumentar su representación en la Caja madrileña frente a la de los municipios, de manera que, entre otras localidades, pierde peso en la entidad financiera el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Ruiz-Gallardón.
Tras el visto bueno a la norma, con los votos del PP, la abstención del PSOE y la oposición de IU, Esperanza Aguirre se reserva la reelección de Miguel Blesa como presidente de la entidad, cuyo mandato finaliza en septiembre de 2009. El alcalde de Madrid, que llegó a calificar de de discriminatoria e ilegal la reforma, ya había mostrado su apoyo a Belsa para su renovación, pero con la nueva Ley su futuro depende ya sólo de la Asamblea, que no piensa precisamente en él para dirigir la Caja de Ahorros.
Sin embargo, en este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que la norma "no va contra nadie ni limita los derechos de nadie" y ha dicho que "quizá" el alcalde Ruiz-Gallardón "no ha tenido tiempo suficiente de leer" la nueva normativa que todos "están obligados" a cumplir.
Además, Aguirre se ha mostrado "absolutamente convencida" de que el presidente de Caja Madrid, "como ha hecho siempre, cumplirá la ley, que es la expresión de la voluntad general y obliga a todos" y ha añadido que así sucede "con todas las entidades e instituciones españolas".
Representación de los municipios
El objetivo de la reforma de la Ley de Cajas, según la líder regional, es "dar más participación a la sociedad civil y menos al sector público" así como dar más representación a los ayuntamientos más ricos en detrimento de los más poblados en el Consejo de Administración de la Caja. Por ello, la representación del Ayuntamiento de Madrid en la Caja queda limitada de un 70 a un 30 por ciento.
Para la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, la medida es un "ajuste de cuentas". Además, su compañero de partido y portavoz económico de la coalición en la Cámara, Miguel Reneses, ha señalado que la reforma "modifica la representación de los ayuntamientos" primando a los cercanos a la presidenta regional.
Privatización parcial del servicio de aguas
No ha sido esta la única y controvertida medida aprobada en la Asamblea. El Pleno ha dado luz verde igualmente a la polémica privatización del 49% del Canal de Isabel II.
Los socialistas mostraron su oposición a la que consideran una medida "absolutamente innecesaria". Según el diputado socialista Enrique Echegoyen, la empresa de aguas puede autofinanciarse. "¿Por qué se empeñan en que todo lo público es malo y lo privado es bueno?", se ha preguntado y apostó por mantener la empresa pública, "cuando se está gestionando bien y los ciudadanos están satisfechos con la gestión que se realiza".
MV
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