El delegado de Hacienda de la capital, Juan Bravo, ha avanzado que la operación que el presidente de Mercamadrid y Madrid Espacios y Congresos, Luis Blázquez, presentó a los responsables del Consistorio "hace meses", como complemento al plan de refinanciación de la deuda propuesto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para obtener liquidez.
Así, Mercamadrid no sufriría ningún cambio con esta operación, que simplemente supondría que la mitad de su accionariado -la otra mitad es de la empresa estatal Mercasa- pasaría del Consistorio a una empresa municipal.
Además, ofrecería a su nuevo propietario las ventajas de ser una compañía de "una gran potencialidad", especialmente tras su ampliación, así como muy solvente, ya que actualmente tiene unos nueve millones anuales de beneficio, cifra que se espera que siga subiendo cuando se comercialicen los nuevos espacios del polígono.
Por su parte, Madrid Espacios y Congresos se beneficiaría de la inclusión en su cartera de negocios de unas inversiones diversificadas en una línea muy estable. Todo ello en un momento en el que sufre de la baja actividad derivada de la crisis, que ha golpeado en el centro de sus negocios. Además, Espacios y Congresos también ha visto cómo los recortes presupuestarios obligaban a paralizar algunas de sus inversiones más relevantes, como la construcción del Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid (CICCM) o el Centro Acuático.
Finalmente, el Ayuntamiento consigue con esta venta un poco de margen para aliviar la tensión de Tesorería, con 200 millones de euros que permitirán reducir los retrasos de más de 900 millones de euros que tienen en el pago a proveedores.
"Este dinero irá a un Plan Extraordinario de Pago a Proveedores, y resolverá aproximadamente el 20% del problema de liquidez que tenemos actualmente impidiendo, además, que los plazos de pago se sigan alargando", ha puntualizado Bravo. Si el Estado hubiera permitido a la capital refinanciar su deuda, esta operación habría supuesto el empujón necesario para, en enero, situar el pago a proveedores por debajo de los 60 días máximos que marca la Ley de Morosidad, ha añadido.
Ahora es necesario que Mercasa dé su visto bueno a la operación, aunque según el delegado de Hacienda ya ha manifestado una disposición positiva y, en principio, no debería tener ninguna objeción, especialmente dado que "la propia Mercasa pertenece a una empresa estatal, la SEPI".
En cualquier caso, el Plan B por si se tuercen las cosas sería que el Consistorio ceda a Madrid Espacios y Congresos los derechos de usufructo de sus acciones, con lo que en la práctica el resultado sería el mismo. EBP