Así lo señala en la memoria de impacto económico del proyecto de ley de Desindexación de la economía español, a la que ha tenido acceso Europa Press, una normativa que prohíbe con carácter general la revisión de precios y contraprestaciones del ámbito público, y pretende favorecer por emulación la extensión de esta práctica al ámbito privado.
Esto conlleva que, una vez termine la tramitación parlamentaria y el texto entre en vigor, los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones públicas no podrán actualizarse automáticamente en función del IPC ni de ningún otro indicador, y que sólo se permitirán revisiones periódicas cuando los cambios persistentes de los costes lo requieran, o en función de precios e índices específicos que "reflejen adecuadamente la evolución de los costes".
"Si se desea garantizar que los precios que sean competencia de las administraciones públicas están ligados a unos costes eficazmente gestionados, sólo cabe utilizar referencias directamente relacionadas con los costes del servicio o prestación y no otras. De igual manera, las revisiones periódicas no incluirán los costes de mano de obra, los financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial", se precisa en el texto.
De esta regla general de no revalorización se exceptúan las pensiones (que tienen su propia legislación), los salarios (que están sujetos a la negociación colectiva), los impuestos y los instrumentos financieros. "Se contribuye así a un reparto equitativo de la carga del ajuste, ya que se emite una referencia clara para que todos los precios y rentas del sistema económico se revisen sólo si es necesario y, en su caso, según un índice que esté orientado a los costes", insiste el Ejecutivo.
CONTRATOS MÁS CORTOS, MÁS COMPETENCIA
Con este principio, el Gobierno cree que habrá un impacto positivo sobre la competencia, ya que la no revisión de precios permitirá acortar la duración de los contratos, originando así "mayor dinamismo" en los mercados. Además, la norma generará "mayores incentivos" para reducir costes eficientemente y para optimizar los procesos productivos.
Por su parte, en los contratos plurianuales el nivel de beneficios de las empresas ya no derivará principalmente de la revisión de precios, sino que "dependerá de la capacidad de los operadores para obtener ganancias de eficiencia" y, con ello, más competitividad.
"Dado que no se introducen nuevas barreras a la entrada o la expansión de los operadores, éstos no verán incrementada su capacidad para obtener una posición de dominio en el mercado y no se facilitará la realización de abusos de posición de dominio", abunda la memoria, donde también se señala que una menor duración de los contratos y mayor competencia dificultará cualquier tipo de "conductas colusorias prohibidas".
Con todo ello, el Ejecutivo prevé (en base a las simulaciones realizadas) que el impacto presupuestario de la medida será positivo, ya que permitirá una reducción del gasto público que "más que compensará" la previsible caída de parte de los ingresos públicos.