De esta forma, se calcula que entre julio y diciembre de este año se podrían firmar 895.723 contratos indefinidos, mientras que en 2011 se suscribirían 1.474.497 contratos más.
En el citado informe, el Gobierno calcula los costes de algunas las principales medidas de la reforma, que estarían en el entorno de los 700 millones de euros hasta 2012.
La principal partida que costear sería la del pago por parte del Fondo de Garantía Salarial de ocho días en las indemnizaciones de los despidos de contratos indefinidos -ya sean ordinarios o de fomento del empleo-, y que supone 123,6 millones de euros.
El Gobierno cree que esta es la cantidad que habría que sufragar porque calcula que habrá 179.145 despidos sobre estos contratos fijos en 2011.
De 2010 no hay cálculo, porque el FOGASA sólo se hará cargo de ocho días en las indemnizaciones de contratos que hayan durado al menos un año, y eso no ocurrirá al menos hasta julio de 2011.
En cuanto a las bonificaciones a la contratación indefinida, el Ejecutivo calcula un coste total hasta 2012 de 471,17 millones de euros.
Las bonificaciones de los contratos fijos a jóvenes de entre 16 y 30 años con "problemas especiales de empleabilidad" -inscritos en los Servicios Públicos de Empleo (SPE) al menos doce meses y que no hayan acabado la escolaridad obligatoria- tendrían un coste de 124,17 millones de euros de aquí a 2012 (18,48 millones este año 59,13 millones en 2011 y 46,56 millones en 2012).
Las bonificaciones por contratar a desempleados mayores de 45 años costarían 212,88 millones (31,68 millones este año, 101,37 millones el que viene y 79,83 millones en 2012).
Para las incentivos a la conversión de contratos de formación, relevo o sustitución a contratos indefinidos, se calculan 53,58 millones en estos tres años.
Además, la exención de cotizaciones sociales en lo contratos de formación supondrían un coste de 80,54 millones de euros, según la memoria económica que acompaña al decreto.
El reconocimiento de la prestación por desempleo en los contratos para la formación costará 30 millones de euros (16 el año que viene y 14 millones en 2012)
Además, el fomento de la reducción de jornada supondrá medidas con un coste total de 115,76 millones de euros.
De esta forma, la ampliación a 180 días del derecho de reposición de las prestaciones por paro en caso de suspensión seguida de extinción de un contrato costaría 8,8 millones este año, 17,4 millones en 2011 y 26,2 millones en 2012, es decir, un total de 52,4 millones en estos tres años.
La segunda medida del fomento de la reducción, la ampliación al 80% de la bonificación por mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados por ERE temporales tendrán un coste de 63,36 millones de euros.