Agotadas las anteriores medidas fiscales y de inversión pública para hacer frente a la caída libre del empleo a lo largo de 2008 y 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra ante una encrucijada. Una economía de crecimiento nulo y un paro del 18%, que además registra un déficit público en nueve puntos superior al exigido por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. En este punto, el Ejecutivo socialista acaba de presentar una nueva batería de medidas de estímulo que persigue como objetivo la reducción del desempleo, principalmente en el sector más dañado, el de la vivienda.
La medida de mayor alcance, recogida en un documento de 32 páginas remitido a los grupos políticos parlamentarios, parece ser el anuncio de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concederá directamente préstamos de hasta 200.000 euros a proyectos empresariales. Con esta medida, las entidades financieras serán sólo las comercializadoras de estos créditos, y el ICO asumirá "completamente" la cobertura del riesgo de estos préstamos, que se dirigirán principalmente a PYMES y autónomos. El Gobierno, en este sentido, no quiere que "ningún proyecto empresarial viable se quede en el cajón".
Mención aparte merecen las medidas anunciadas para fomentar la creación de empleo en el sector de la rehabilitación de edificios, se trate de viviendas particulares o de edificios oficiales. Las medidas residen principalmente en la opción de mantener un IVA reducido del 8% a la rehabilitación de viviendas durante dos años, entre otras ventajas fiscales, así como identificar 2.000 edificios públicos -1.000 el Estado y otros tantos las comunidades y los ayuntamientos- para mejorar su eficiencia energética.
Otras medidas
Estas son dos de las medidas que ofrece discutir el Ejecutivo en las negociaciones por el pacto anticrisis, entre las que también está la de aumentar del 8% al 12% las deducciones aplicables a las actividades de innovación en el impuesto sobre sociedades y elevar en algunos casos, hasta el 60%, el límite general que ya existe a esa deducción.
El documento contempla también exenciones fiscales para el fomento del transporte público, como la de eximir al trabajador de tributar en el IRPF como rentas en especie las cantidades que su empresa abone para sus desplazamientos entre su vivienda y el lugar de trabajo a través del transporte público, con un límite de 1.500 euros anuales.
Además, el Ejecutivo se compromete a aprobar antes del 10 de abril un programa de racionalización de la Administración General del Estado para que los gastos de personal sean en 2013 un 4% menores a los de este año.
Con el mismo fin y en el mismo plazo se aprobará un programa de racionalización del sector público empresarial que contendrá medidas para reducir el número de altos cargos y el de consejeros en las empresas públicas, así como disminuir el número de éstas mediante fusiones y concentraciones, como ya anunció la semana pasada la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.
Por otra parte, en el texto el Gobierno se compromete a "acelerar" el proceso de reestructuración del sistema financiero y para ello agilizar el uso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Asimismo, y junto al compromiso de reducir a 30 días el plazo de pago de las facturas que deban a las pymes y autónomos las Administraciones Públicas y a 60 el que debe hacerse entre empresas, el documento contiene el compromiso de crear el registro de facturas en las administraciones locales.
El documento remitido a los partidos para empezar a negociar a partir del miércoles contiene asimismo iniciativas que buscan aumentar el peso de la industria en el PIB, que actualmente es del 15,5%, para que alcance el 18%. Para lograrlo, se presenta el Plan Integral de Política Industrial 2020, con medidas en ámbitos como la regulación, la reducción de cargas, la logística o las infraestructuras.
Un apartado aparte tiene el sector del automóvil, que según recuerda el Ejecutivo es la principal industria exportadora del país, y dentro de éste se planea el diseño y programación presupuestaria plurianual del Plan de Competitividad de la Automoción. Además se incluye el diseño del Plan Integral del Vehículo Eléctrico que pretende potenciar esta industria y en el que se incluye el compromiso de que las Administraciones Públicas adquieran este tipo de coches.