El PP responde así a las críticas de la OCU y Facua, que tachan de "ley mordaza" las restricciones que a su juicio impone el Gobierno en esta normativa en cuanto a los análisis de consumo se refiere, como los que por ejemplo se realizan para averiguar si había carne de caballo en varias muestras envasadas.
El Grupo Popular ha señalado en una nota de prensa que la disposición adicional sobre análisis comparativos de productos alimentarios incluida en el proyecto de Ley "no sólo no menoscaba el derecho de información del consumidor", sino que cumple con todas las garantías contempladas en la normativa en materia de análisis.
EXTENDER LOS PRINCIPIOS A TODOS LOS ANÁLISIS
Haciendo mención a la justificación de la citada enmienda, los 'populares' indican que esta medida "busca extender los principios que rigen las actuaciones del control oficial a los estudios, informes o análisis destinados a su difusión pública; principios éstos que se resumen en la veracidad, el rigor técnico y analítico y la necesaria contradicción para garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la mejora de la información sobre los alimentos y su calidad, a la transparencia en el funcionamiento de la cadena; así como a la leal competencia que ha de regir las actuaciones de todos los que intervienen en la misma".
Es más, recuerda que la enmienda fue propuesta por el Partido Popular "tras haber mantenido reuniones y escuchado las demandas de todas las organizaciones representativas de la cadena alimentaria", y también ha destacado que el PSOE presentó una enmienda similar pero con un desarrollo "mucho más prolijo e intervencionista".
Asimismo, puntualiza que el trámite del proyecto de ley sigue abierto en el Senado, donde se pueden introducir mediante enmiendas cuantas modificaciones se presenten y consideren oportunas introducir. "Todas las asociaciones y organizaciones de la cadena alimentaria pueden dirigirse a los grupos parlamentarios en el Senado para trasladarles sus reflexiones y propuestas", sentencia.